Las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, publicaron este lunes un comunicado conjunto en el que rechazan la inmigración descontrolada y reclaman la creación de centros de repatriación en terceros países como respuesta a la llegada irregular de migrantes. En la nota, difundida en las redes sociales de la dirigente italiana, exigen a los socios europeos una política migratoria más dura y un refuerzo de las expulsiones.
El texto reconoce de entrada lo insólito de la alianza, al unir a dos dirigentes situadas en las antípodas ideológicas: Meloni encabeza un Gobierno nacionalista y conservador, mientras que Frederiksen es socialdemócrata. «Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa», arranca el comunicado.
Ambas mandatarias sostienen que nadie puede negar el impacto negativo de la inmigración ilegal en las sociedades europeas, que vinculan al aumento de la criminalidad, a una mayor presión sobre los servicios públicos y a la erosión de la confianza ciudadana. A partir de ese diagnóstico, defienden que debe expulsarse a más personas y proponen los centros de repatriación en terceros países, junto a otras soluciones innovadoras fuera de Europa, como herramienta para agilizar las devoluciones. Es el modelo que Italia ya ensayó en Albania, donde levantó un centro de deportación que, sin embargo, permanece prácticamente vacío y bloqueado por sucesivas sentencias judiciales.
El comunicado no menciona de forma explícita Ceuta, pero llega once días después de la entrada masiva de personas desde Marruecos y en plena escalada diplomática entre Roma y Madrid. Italia decretó la suspensión temporal de Schengen y controles a los viajeros procedentes de España, a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez respondió restableciendo controles con Italia. Las dos dirigentes reivindican además el patrimonio cultural europeo y advierten de que el respeto a las leyes debe acompañarse del respeto a los valores europeos, un principio que, subrayan, rige tanto para los inmigrantes ilegales como para los extranjeros que residen de forma legal en el continente.
