Cuando alguien marca el 112 en Tenerife, la llamada la atiende un servicio público, el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Pero buena parte del transporte sanitario que después acude al aviso depende de empresas que ganan concursos públicos: según CCOO, entre el 85 y el 90% del sector está en manos privadas. Ese modelo atraviesa ahora su momento más tenso. Los salarios llevan congelados desde que expiró el convenio, el 31 de diciembre de 2024; los vehículos se quedan inmovilizados a la puerta del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y, en junio, decenas de pacientes crónicos se quedaron sin traslado cuando más de veinte ambulancias de transporte no urgente quedaron fuera de servicio.

Un convenio caducado y una huelga que arrancó en junio

El origen del conflicto es laboral. El IV Convenio Colectivo del transporte sanitario de Canarias expiró el 31 de diciembre de 2024 y, desde entonces, la plantilla trabaja con los sueldos congelados. En enero de 2026, los sindicatos denunciaban que las patronales ARTS y ACEA pretendían mantener esa congelación también este año.

CCOO, CSIF y USO registraron en mayo un preaviso de huelga. Pedían una actualización del 21% correspondiente a 2019-2025 y un 4% adicional para 2026. Tras fracasar la mediación en el Tribunal Laboral Canario, endurecieron la postura: reclaman un 25% más ese 4%, que consideran su línea roja. La huelga comenzó el lunes 8 de junio con más de 2.500 trabajadores del sector, público y privado, llamados a secundarla, según el balance de los convocantes que recogió la prensa regional.

El portavoz de CCOO en el sector, Enrique Espí, calificó de abusivos unos servicios mínimos de prácticamente el 100% y anunció que serían recurridos. El comité de huelga denuncia además que algunas categorías profesionales, tras perder un pleito sobre una subida del 2%, reciben reclamaciones de las empresas por importes de entre 2.500 y 4.000 euros. Los técnicos defienden que su trabajo no se limita a conducir ni a mover camillas.

Las patronales, por su parte, sostienen que sin más dinero de la administración no subirán los salarios. Los sindicatos rechazan ese argumento: afirman que el salario se negocia en el convenio, no con excusas externas. Y critican que el Servicio Canario de la Salud se haya reunido con las empresas adjudicatarias pero no con los trabajadores en huelga. A principios de julio, la última reunión formal entre las partes seguía siendo la del 5 de junio.

Ambulancias paradas a la puerta del HUC

El sindicato USO denunció que la carencia de camas convierte a las ambulancias en habitaciones improvisadas, detenidas a la espera de una camilla libre, y que la cola ante el HUC ha llegado a prolongarse hasta 16 horas. CCOO había situado la espera en hasta once horas, y los sindicatos han llegado a hablar de técnicos con jornadas de más de 24 horas.

La consecuencia práctica es sencilla: mientras una ambulancia no recupera su camilla, no puede volver a atender avisos del 112. El sindicato CSIF ya advertía de que esa cadena afecta gravemente a la coordinación desde la sala operativa del SUC. La Consejería de Sanidad, preguntada por la situación, remitió las explicaciones a las gerencias de los hospitales.

El problema es antiguo. En febrero de 2025 el sindicato SAE ya denunciaba que la espera media en las urgencias del HUC superaba las diez horas.

Vehículos al límite y un traslado no urgente interrumpido

Los sindicatos describen una flota exigida al máximo. Espí asegura que hay vehículos cercanos al millón de kilómetros, así como falta de mantenimiento y de material, y que algunas ambulancias quedan inoperativas por averías o por carecer de personal. Ya en septiembre de 2024, otro sindicato alertó del estado de las ambulancias en Tenerife y aseguró que sus peticiones de reunión con la dirección del SUC no recibían respuesta.

En junio, el transporte no urgente sufrió además un golpe inesperado. Entre el 15 y el 16, varios incidentes en la base norte de Tenerife impidieron al personal acceder al recinto a primera hora: 12 unidades quedaron paradas el lunes y, al día siguiente, otros 14 recursos no pudieron empezar su turno. Una vez abierto el recinto, cuatro siguieron sin salir por falta de personal. Fueron más de veinte vehículos afectados en total, y hubo que reorganizar las rutas para priorizar a los pacientes con tratamientos vitales, como la hemodiálisis. Aun así, decenas de pacientes se quedaron sin recibirlo, según el relato de la prensa local.

Las informaciones consultadas hablan de actos vandálicos, pero no precisan quién está detrás de ellos.

Un modelo construido sobre contratas

Detrás de la disputa salarial está el diseño del servicio. La empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) licita el transporte sanitario terrestre y lo adjudica por lotes. El registro de contratación consultado muestra que TASISA, del grupo HT Group, y Acciona Facility Services figuran como adjudicatarias de las ambulancias de clase A2 para Gran Canaria y Tenerife. En 2024 se formalizaron además contratos de ambulancias de tipos B y C para las dos islas, repartidos entre TASISA e ISCAN Servicios Integrales, con importes de entre unos 13,8 y 18,5 millones de euros cada uno. El contrato de A2 de la zona de Tenerife fue objeto de una modificación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en febrero de 2026.

Ese esquema explica por qué el conflicto salta de la mesa del convenio a las puertas del Gobierno canario. Las empresas condicionan las mejoras salariales a nuevas adjudicaciones o a más financiación pública, y el sindicato recordaba en enero que el Ejecutivo autonómico aún no había sacado la nueva licitación del servicio. El comité de huelga va más lejos: considera que un servicio esencial debería ser público. El conflicto ha llegado a calificarse como un problema político para el Gobierno de Fernando Clavijo.

La sala del 112 y el SUC, también al límite

La tensión no se queda en las ambulancias. En julio, el comité de huelga del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) y del SUC alertó de una situación de «extrema vulnerabilidad»: falta estructural de personal en las salas operativas y un traspaso del Cecoes 112 desde GSC a la empresa pública Gesplan que consideran paralizado. Los trabajadores avisan de un posible riesgo de cesión ilegal y de que contratar gestores externos a través de Gesplan no resuelve el déficit.

El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias, Manuel Miranda, reconoció el retraso y lo atribuyó a la complejidad técnica del proceso, pero aseguró que en ningún momento ha habido problemas en la prestación del servicio. La diputada socialista Nayra Alemán replicó que el 112 permanece en el limbo. Ya en agosto de 2025, los empleados de GSC habían convocado huelga en defensa del 112 y el SUC.

Lo que queda por aclarar

El conflicto se mantiene abierto y sin acuerdo a la vista. Quedan tres preguntas sin respuesta pública: si se ha desbloqueado el convenio, cuándo sacará el Gobierno canario la nueva licitación del transporte sanitario y quién asumirá el coste de actualizar los sueldos. Mientras tanto, cada hora que una ambulancia espera una camilla en el HUC es una hora que no está disponible para el siguiente aviso al 112.