La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cinco años de prisión y diez de inhabilitación para la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda (NC), por las presuntas irregularidades cometidas en la organización de las Jornadas del Paisaje entre 2016 y 2019. El fiscal Javier Ródenas ha pedido la apertura de juicio oral contra ella y otros seis cargos insulares y empresarios, con penas que alcanzan los cinco años de cárcel.

El escrito llega después de que el magistrado de la Plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas diera por concluida la investigación mediante un auto del pasado 3 de octubre, en el que apreció indicios de criminalidad en los siete investigados y rechazó las peticiones de sobreseimiento. El instructor trasladó entonces la causa a las partes para que formularan sus acusaciones.

El fiscal aprecia delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa. La misma pena de cinco años de prisión y diez de inhabilitación que para Miranda la reclama para los entonces directores de Política Territorial y de Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo.

La petición alcanza también a la parte empresarial. Anticorrupción solicita cinco años de cárcel y seis de inhabilitación para contratar o recibir ayudas públicas para la administradora de la empresa Imaco 89, María Ángeles Horna, y para el periodista y empresario Michel Jorge Millares. En la causa figura asimismo José Juan Sánchez Arencibia, entonces interventor general de la corporación y marido de Horna, por su presunta intervención en la tramitación y fiscalización de los gastos de las jornadas.

El origen del caso está en la contratación y ejecución de esos actos a lo largo de cuatro años. Según la interpretación del fiscal sobre las condiciones de los contratos, determinadas cantidades debían haberse descontado del coste asumido por el Cabildo. La Fiscalía reclama además una indemnización de 15.717 euros para la institución insular en concepto de responsabilidad civil.

Los acusados, que mantienen la presunción de inocencia mientras no se celebre el juicio, se exponen a penas de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de cargo público. El Cabildo de Gran Canaria se ha mostrado dispuesto a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.