El Ejecutivo canario, formado por Coalición Canaria y el PP, ha elevado al Gobierno de España una propuesta de real decreto ley para prohibir la compra de vivienda en el archipiélago a toda persona, española o extranjera, que no acredite diez años de empadronamiento continuado en su territorio, o quince si ha sido discontinuo. El texto, bautizado como Ley para garantizar el acceso a la vivienda a los residentes en Canarias se conoció este jueves.

La norma establece además un tope a la acumulación: un mismo ciudadano solo podrá comprar dos viviendas en las islas, y siempre que estén en municipios diferentes. El Gobierno canario justifica ese límite para evitar que la condición de residente se convierta en una ventaja injustificada frente al objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna. Las personas jurídicas, como empresas o sociedades de inversión, solo podrían adquirir inmuebles si su fin social es venderlos o alquilarlos a particulares.

El borrador incorpora garantías reforzadas para asegurar su cumplimiento. Cualquier compra realizada por quien no acredite el tiempo de residencia exigido “será nula de pleno derecho” y no podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad, según el texto.

La clave jurídica de la propuesta está en que no atiende a la nacionalidad del comprador, sino a su empadronamiento. Esa es la vía que Canarias ha buscado para sortear el principio de libre circulación de capitales de la Unión Europea, que impediría una medida dirigida expresamente contra los extranjeros. El filtro, sin embargo, no dejaría fuera solo a los compradores foráneos, sino también a los españoles que residen fuera del archipiélago y quieran una casa en las islas.

El texto contempla además un segundo mecanismo complementario, dirigido al ámbito municipal. Plantea que los ayuntamientos puedan prohibir la compra o el alquiler de vivienda en su término a ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea que no hayan residido al menos dos años en el municipio, una categoría en la que entran, por ejemplo, los británicos, principal mercado emisor de turistas a Canarias.

La iniciativa forma parte de las condiciones que Coalición Canaria pactó con el PSOE a cambio de apoyar el primero de los decretos conocidos como Maricarmen, el que limita los desahucios de personas vulnerables. El presidente Fernando Clavijo, que ya había reclamado esta semana en el Parlamento que el Estado aprobara la medida, aspira a que el Consejo de Ministros dé luz verde al texto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.