Los órganos judiciales de Canarias registraron durante el segundo trimestre de 2026 un total de 99 lanzamientos derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), principalmente relacionados con alquileres impagados. La cifra supone una reducción del 70,2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 332. En términos absolutos, se practicaron 233 lanzamientos menos entre abril y junio que en los mismos meses del año anterior.
El descenso de Canarias fue superior al del conjunto del Estado, donde estos lanzamientos disminuyeron un 57,7%: de 5.299 a 2.244. El Archipiélago presentó la tercera mayor reducción interanual entre las comunidades autónomas, tras La Rioja y Madrid.
En relación con la población, las Islas registraron 4,4 lanzamientos derivados de la LAU por cada 100.000 habitantes, una tasa ligeramente inferior a la media nacional, de 4,6. Las mayores tasas correspondieron a Baleares (8,3), País Vasco (7,4) y Comunidad Valenciana (6,7).
Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales muestran que los procedimientos sobre arrendamientos siguieron siendo el principal origen de los lanzamientos en Canarias: representaron el 59,3% de los 167 practicados durante el trimestre.
El conjunto, a la baja
Si se consideran todas las causas —procedimientos derivados de la LAU, ejecuciones hipotecarias y otros—, Canarias pasó de 406 lanzamientos en el segundo trimestre de 2025 a 167 en el mismo periodo de 2026, un 58,9% menos. La tasa isleña se situó en 7,4 por cada 100.000 habitantes, frente a los 9,1 del conjunto del Estado.
La evolución fue diferente según el origen del procedimiento. Frente a la caída de los lanzamientos derivados de la LAU, los procedentes de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 6%, de 50 a 53. Los debidos a otras causas descendieron un 37,5%, de 24 a 15.
Por otra parte, durante el trimestre se presentaron en Canarias 271 procedimientos de ejecución hipotecaria, un 17,9% menos que un año antes, cuando se registraron 330. Esta magnitud contabiliza los procedimientos iniciados, no los lanzamientos practicados.
Impago
La estadística de arrendamientos urbanos añade otra perspectiva sobre la litigiosidad del alquiler. Durante el segundo trimestre de 2026, los órganos judiciales canarios dictaron 202 sentencias sobre arrendamientos de vivienda. De ellas, 164 —el 81,2%— correspondieron a demandas cuya acción principal era la falta de pago de la renta o de cantidades asimiladas.
En estos 164 asuntos, los tribunales estimaron íntegramente la demanda en 139 casos, la estimaron parcialmente en 13 y la desestimaron en 12. Por tanto, el 92,7% de las sentencias sobre impago de alquiler de vivienda acogió total o parcialmente las pretensiones de la parte demandante.
Las restantes sentencias sobre arrendamientos de vivienda se distribuyeron entre diez relativas a la denegación de prórroga y 28 por otras causas. A ellas se sumaron diez sentencias sobre arrendamientos para usos distintos del de vivienda, siete de las cuales tuvieron como acción principal el impago de rentas o cantidades asimiladas.
Además de las sentencias, se dictaron 219 decretos relativos a arrendamientos de vivienda: 66 de entrega de posesión, cuatro de enervación —pago de las cantidades adeudadas que evita el desahucio—, 82 de archivo para ejecución y 67 por otras causas. Estas resoluciones y los lanzamientos son magnitudes diferentes y no deben sumarse como si fueran un único recuento de desahucios.
La estadística de lanzamientos, por su parte, recoge tanto la ejecución forzosa como determinadas entregas voluntarias de la posesión y no se limita a viviendas, sino que comprende otros inmuebles. Por ello, los 99 lanzamientos derivados de la LAU no equivalen necesariamente a 99 desalojos forzosos de hogares por impago.
Mayor tasa de demandas por despido
En el ámbito laboral, Canarias registró 3.181 demandas por despido entre abril y junio de 2026, un 21,6% más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se presentaron 2.616. El incremento superó al nacional, que fue del 11,2%.
Las Islas tuvieron la mayor tasa de demandas por despido del país, con 140,8 por cada 100.000 habitantes, seguidas por Madrid (113) y Cataluña (111,7). La media nacional se situó en 92,1.
Las reclamaciones de cantidad registradas en la jurisdicción social también aumentaron: pasaron de 2.380 a 2.865, un 20,4% más. Con 126,8 procedimientos por cada 100.000 habitantes, Canarias presentó la segunda tasa más alta, tras Asturias (131,2), frente a una media nacional de 71,3.
Los concursos de particulares descienden un 19,3%
Los concursos de personas naturales no empresarias —particulares sin actividad empresarial— disminuyeron en Canarias un 19,3%, de 1.104 en el segundo trimestre de 2025 a 891 en el mismo periodo de 2026, según los datos del Consejo. La evolución contrastó con la del conjunto del Estado, donde aumentaron un 5,9%.
Pese al descenso, la tasa canaria, de 39,4 concursos por cada 100.000 habitantes, permaneció por encima de la media nacional, de 34,5. Canarias ocupó el quinto lugar, tras Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid.
El total de concursos presentados en el Archipiélago fue de 918, un 18,9% menos que un año antes (1.132). Los de personas jurídicas descendieron un 31,8%, de 22 a 15, mientras que los de personas naturales empresarias se duplicaron, de seis a doce.
Bajan los monitorios
Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas dinerarias, disminuyeron en Canarias un 37,4%: de 18.214 en el segundo trimestre de 2025 a 11.409 en el mismo periodo de 2026. No obstante, las Islas mantuvieron la tasa más alta del país, con 505,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 366,1 de media nacional.
Los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se mantuvieron en 28, la misma cifra que un año antes. Esta estadística se refiere a una vía procesal específica para recuperar la posesión y no constituye un recuento de todas las ocupaciones de viviendas.
Datos nacionales
En lo que se refiere a los datos de todo el Estado, el número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2026 fue de 4.474, un 35,7 % menos que en el mismo trimestre de 2025. La mitad de los lanzamientos (el 50,1 %), en total 2.244, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.109 -el 24,78 por ciento- derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.121 restantes obedecieron a otras causas.
La reducción más significativa fue la de los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que disminuyeron un 57,7 % respecto al segundo trimestre de 2025. El descenso interanual de los que fueron consecuencia del impago de la hipoteca se situó en el 8,9 por ciento.
Por el contrario, los derivados de otras causas (por ejemplo, de laudos arbitrales o de procedimientos de familia) se incrementaron en un 152,5 % al pasar de 444 en el segundo trimestre de 2025 a 1.121 en el mismo periodo de este año.
Cataluña –con 983 lanzamientos, el 21,9 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que más lanzamientos de todo tipo se han practicado durante el segundo trimestre de 2026. Le siguieron Madrid, con 778; Andalucía, con 737 y la Comunidad Valenciana, con 629.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 456, el 10,1 % del total; seguida por Andalucía, con 397 y la Comunidad Valenciana, con 361. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía hubo 247 (el 22,2 % del total nacional); en Cataluña, 209 y en la Comunidad Valenciana, 184.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2026 fue de 17.276, un 26,8 % más que en mismo trimestre de 2025. De ellos, 8.972 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 11,1 por ciento.
Ejecuciones hipotecarias
En el segundo trimestre del año se presentaron 6.886 ejecuciones hipotecarias, 28,6 % menos que en el mismo periodo de 2025.
El mayor número se dio en Cataluña, con 2.270, un 32,9 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.319; la Comunidad Valenciana, con 807; y Madrid, con 563. Si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Cataluña, con 27,9 por cada 100.000 habitantes; la Región de Murcia, con 20,6 y la Comunidad Valenciana, con 14,9.
Los concursos aumentan un 5,1 %
El número total de concursos presentados en el segundo trimestre de 2026 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 19.024, una cifra que supone un incremento del 5,1 % respecto al mismo trimestre de 2025 y con la que la tendencia al alza que comenzó en el tercer trimestre de 2020 se mantiene desde entonces de forma casi continua.
Los concursos de personas naturales empresarios fueron los únicos que disminuyeron, y lo hicieron en un 10,8 % respecto al año anterior. El resto, por el contrario, mostraron comportamientos al alza: los de personas naturales no empresarios aumentaron un 5,9 % y los de personas jurídicas, un 4,6 % respecto al segundo trimestre de 2025.
Tomando en consideración el número total de concursos presentados, fue Cataluña el territorio en el que más se registraron, 4.631, cantidad que representa el 24,3 % del total. Le siguen Madrid, con 3.033; Andalucía, con 2.891 y la Comunidad Valenciana, con 2.002.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello se realiza un análisis de estos procedimientos por el tipo de persona afectada y no por el órgano judicial.
Durante el segundo trimestre de 2026 se presentaron 1.404 concursos de personas jurídicas, un 4,6 % más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña fue la comunidad autónoma donde se registraron más concursos de este tipo: 406, lo que supone el 28,9 % del total. Le siguieron Madrid, con 192; Andalucía, con 188 y la Comunidad Valenciana, con 174.
Solo bajaron los concursos de personas naturales empresarios
Los concursos presentados por personas naturales empresarios, en total 672, mostraron una disminución del 10,8 % respecto a igual trimestre de 2025. Cataluña fue el territorio con más concursos de esta naturaleza, 423, que representan el 62,9 % del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 80 y Madrid, con 34.
Los concursos presentados por personas naturales no empresarios sumaron 16.948, lo que ha supuesto un incremento interanual del 5,9 por ciento. Cataluña ha sido la comunidad autónoma con un mayor número de concursos de este tipo, 3.802, que representan el 22,4 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 2.807; Andalucía, con 2.700 y la Comunidad Valenciana, con 1.748.
El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2026 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 13.798, con un descenso interanual del 2,8 por ciento. En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 56 concursos, un 14,3 % más que hace un año, mientras que iniciaron la fase de liquidación 1.212, un 59,3 % más que en el mismo trimestre de 2025.
Respecto a los expedientes del art. 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 97 expedientes, frente a los 95 del mismo trimestre de 2025.
Las demandas de despido se suben un 11,2 %
En el periodo analizado se presentaron 45.230 demandas por despido, un 11,2 % más que en el mismo trimestre de 2025. Cataluña, con 9.075 (el 20 por ciento del total nacional), fue el territorio con mayor número de demandas de este tipo. Le siguen Madrid, con 8.040; Andalucía, con 7.302 y la Comunidad Valenciana, con 5.885.
El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 35.043, fue un 3,4 % mayor a las del segundo trimestre de 2025. De ellas, 6.422 se presentaron en Madrid, lo que equivale al 18,32 % del total; 5.995, en Andalucía y 3.907, en Cataluña.
Los procedimientos monitorios disminuyen un 20,7 por ciento
Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2026 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción sumaron 179.846, lo que supone un descenso interanual del 20,7 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 33.025 (el 18,36 % del total nacional); Madrid, con 32.671; Cataluña, con 25.031 y la Comunidad Valenciana, con 20.778.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Disminuyen los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En términos absolutos, en el segundo trimestre de 2025 ingresaron en los órganos judiciales 443 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 9 % menos que el año anterior. En Cataluña se presentaron el mayor número de demandas (89), que representan el 20 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 74 y la Comunidad Valenciana, con 57.
Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2026 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección:
