Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, se sienta esta semana en el banquillo de un tribunal federal de Oakland, en California, para afrontar el mayor juicio de su historia. Una coalición de 29 estados de Estados Unidos acusa a la compañía de Mark Zuckerberg de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción en niños y adolescentes, anteponiendo sus beneficios a la salud de toda una generación. La reclamación por daños podría alcanzar los 1,4 billones de dólares, una cifra cercana al valor bursátil de la propia empresa, lo que en teoría podría poner en serio peligro su viabilidad financiera.
La demanda, presentada en 2023, se apoya en dos grandes acusaciones. Por un lado, sostiene que Meta creó y mantuvo a sabiendas funciones adictivas en sus redes, como el desplazamiento infinito, las notificaciones constantes o los me gusta, con el objetivo de captar y retener a los usuarios más jóvenes pese a conocer los riesgos para su salud mental. Por otro, acusa a la compañía de recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal de protección de la privacidad infantil en internet, la conocida como COPPA. «Meta ha utilizado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, enganchar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes; su motivación es el lucro», reza el texto de la demanda.
El juicio arrancó con la selección del jurado y se prevé que se prolongue al menos seis semanas, con un veredicto esperado para octubre. En él declararán altos ejecutivos de Meta, antiguos empleados convertidos en denunciantes e investigadores del impacto de las redes en la salud mental. La acusación se apoyará en documentos internos de la compañía, entre ellos los que reveló en 2021 la exempleada Frances Haugen, que según los fiscales demuestran que la empresa era consciente del daño que causaba mientras presentaba sus plataformas como espacios seguros. Meta niega las acusaciones, defiende que ha incorporado sistemas de protección y verificadores de edad para los adolescentes y sostiene que la dificultad para identificar a los usuarios menores de edad es un problema de todo el sector.
El caso llega precedido de varios reveses judiciales para la compañía. El antecedente más relevante es el fallo de Nuevo México del pasado marzo, donde un jurado condenó a Meta a pagar cerca de 942 millones de dólares por no proteger a los menores y violar las leyes de protección al consumidor, además de obligarla a limitar las notificaciones. A ello se suman otras condenas recientes en distintos estados. Muchos analistas comparan esta ofensiva legal con las demandas masivas que en los años noventa transformaron por completo a la industria del tabaco, cuando las multas multimillonarias forzaron un cambio de modelo.
Las implicaciones del proceso trascienden a la propia Meta. Una sentencia condenatoria no solo supondría una multa histórica, sino que podría obligar a la compañía a rediseñar sus productos para todos los usuarios, no solo en Estados Unidos, lo que marcaría un antes y un después en el funcionamiento de las redes sociales. El juicio se celebra, además, en un clima social favorable a un mayor control: según una encuesta de Reuters e Ipsos, el 85 % de los estadounidenses considera que las redes pueden ser adictivas para los niños y el 61 % respalda una supervisión más estricta de las tecnológicas. El desenlace, que podrá seguirse en directo, se ha convertido en un banco de pruebas sobre la responsabilidad de las plataformas en la crisis de salud mental juvenil, un debate que hace tiempo dejó de ser tecnológico para instalarse en el corazón de los tribunales.
