La Abogacía del Estado defenderá los intereses de las empresas públicas Ineco y Tragsatec en la pieza del caso Koldo que investiga la presunta contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, que cobró de ambas compañías sin desempeñar trabajo alguno. Así lo acordó el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en una providencia notificada este martes, en la que accede a la petición cursada el 30 de julio por la Abogacía para personarse en representación y defensa de Ingeniería y Economía del Transporte y de Tecnologías y Servicios Agrarios.
La decisión responde a la condición de perjudicadas de ambas entidades, de capital cien por cien público. El juez ofreció al Estado personarse al entender que los fondos abonados a Rodríguez —43.950 euros en total, 34.450 de Ineco y 9.500 de Tragsatec— forman parte del patrimonio público. La Fiscalía Anticorrupción había informado favorablemente sobre esa personación.
Los hechos se remontan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos en el llamado caso mascarillas. Según los hechos probados, Rodríguez fue contratada como auxiliar administrativa en Ineco entre 2019 y febrero de 2021 y después en Tragsatec, del grupo Tragsa, entre marzo y septiembre de ese año, sin entrevista previa y sin realizar tarea efectiva alguna. El alto tribunal consideró que Ábalos diseñó un plan para que percibiera salarios públicos sin contraprestación, lo que enmarcó en delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, y fijó responsabilidades civiles a favor de ambas empresas.
Rodríguez, que en el Supremo admitió como testigo que cobró sin trabajar y que Ábalos estaba al tanto de todo, se acogió a su derecho a no declarar cuando compareció el 24 de julio ante el juez Moreno, ya como imputada. También rechazaron declarar los otros dos investigados en esta pieza, Joseba García, hermano de Koldo García, e Ignacio Zaldívar, exalto cargo de Adif. El instructor rechazó que existiera falta de motivación en la imputación de Rodríguez o que los hechos ya hubieran sido juzgados, al precisar que el Supremo enjuició la conducta de Ábalos y de su exasesor, no la de ella.
