La reciente caída masiva del suministro eléctrico en España ha abierto más interrogantes que certezas. Dos días después del apagón que dejó al país con un 60% menos de energía a plena luz del mediodía, el Ejecutivo sigue sin poder explicar qué ocurrió. Sin embargo, lejos de reconocer limitaciones propias en la gestión de la crisis o asumir fallos en los mecanismos de prevención, el Gobierno ha preferido dirigir la lupa hacia el sector energético, en especial hacia Red Eléctrica, el operador del sistema.
El presidente Pedro Sánchez se desplazó personalmente la noche del lunes a la sede de Red Eléctrica, en una reunión de madrugada con su presidenta, Beatriz Corredor —ex ministra socialista, nombrada por su propio Gobierno—, de la que no trascendieron explicaciones técnicas claras, pero sí un mensaje político: se va a investigar hasta el final. Y si hace falta, se señalarán culpables en el sector privado. A pesar de que tanto el Centro Criptológico Nacional como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han negado cualquier indicio de ciberataque, Sánchez insiste en mantener esa posibilidad abierta. ¿Precaución o estrategia?
Al no descartar ninguna hipótesis, el Gobierno evita tener que asumir que no tiene respuestas. Mientras tanto, la contradicción interna se hace evidente: Sánchez afirma que Red Eléctrica no le comunicó la conclusión de que no hubo ciberataque y que se enteró por los medios. Pero, si el Gobierno controla su presidencia, ¿no tendría que estar mejor informado?
La narrativa oficial ya no gira tanto en torno a esclarecer lo sucedido como en aprovechar el contexto para reafirmar una apuesta por el modelo renovable, incluso a costa de sembrar dudas sobre el operador del sistema. Desde La Moncloa se anuncia una comisión de investigación que implicará a Transición Ecológica y a la CNMC, y se pide la intervención de Bruselas para elaborar informes. El objetivo no es solo aclarar un fallo puntual, sino revisar el conjunto del sistema energético.
Mientras tanto, las eléctricas acusan el golpe. Las principales compañías del sector —Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía, Naturgy y la propia Red Eléctrica— fueron convocadas en bloque a La Moncloa. En la imagen difundida por el Gobierno, las caras largas de los asistentes contrastan con el relato de «clima constructivo» que ofrece el Ejecutivo. La reunión, sin embargo, fue menos sobre colaboración y más sobre advertencias: Sánchez pidió “toda la información disponible” y avisó de que “se exigirán responsabilidades”.
Esta presión creciente se produce en un contexto político en el que el Gobierno busca marcar distancias con el modelo energético del PP, que ha vuelto a pedir la prórroga de las centrales nucleares. Sánchez, lejos de abrir el debate, cerró filas: las nucleares no solo no son una solución, sino que —según sus palabras— fueron «un problema» durante el apagón, dado que muchas estaban desconectadas y otras absorbieron demasiada energía para mantener sus núcleos estables.
Paradójicamente, en su defensa de las renovables, el Gobierno asegura que el sistema español funciona perfectamente en condiciones similares a las del lunes. Si no hubo un exceso de energía limpia ni fallos de cobertura, y si el sistema ya ha operado antes bajo parámetros casi idénticos, la pregunta sigue flotando sin respuesta: ¿por qué colapsó esta vez?
En lugar de explicaciones técnicas, el Gobierno ofrece una construcción política. Y en esa construcción, cualquier sombra sobre las empresas energéticas parece servir para reforzar un modelo que, en pleno debate europeo sobre la seguridad energética, necesita justificación constante. Mientras tanto, millones de ciudadanos aún esperan saber por qué el país se apagó en mitad de un día normal.
