El Gobierno griego ha aprobado un sistema de incentivos económicos para los abogados del turno de oficio que consigan persuadir a solicitantes de asilo de que retiren su petición de protección internacional y opten por el retorno voluntario a sus países de origen. La medida, impulsada por los ministerios de Migración, Finanzas y Justicia, forma parte de la nueva normativa de asilo aprobada por el Parlamento griego.
Según el nuevo sistema, cada abogado recibirá una bonificación de 250 euros por cada solicitante al que logre convencer de regresar a su país, que se suman a los 160 euros que ya perciben por prestar el servicio de asesoramiento legal durante la tramitación del expediente de asilo. En la práctica, el papel del letrado deja de ser exclusivamente el de defender los intereses de su cliente para incorporar un incentivo económico que apunta en sentido contrario: cuantas más renuncias logre gestionar, más cobra.
El Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis maneja un dato de más de 15.000 entradas irregulares en lo que va de año, la mayoría a través del Mediterráneo desde Libia con destino a la isla de Creta, y atribuye en gran medida esos flujos a motivaciones económicas, con especial mención a ciudadanos procedentes de Egipto y Bangladesh que, según las autoridades griegas, no cumplirían los requisitos para obtener protección internacional.
Las organizaciones de defensa de los derechos de los solicitantes de asilo advierten de que supone una distorsión del principio de independencia de la asistencia letrada, ya que coloca al abogado en una situación de conflicto de intereses entre su obligación de defender al cliente y el incentivo económico para conseguir su renuncia. Los detractores consideran que introduce un mecanismo de presión sobre personas en situación de vulnerabilidad y que podría vulnerar las garantías procesales reconocidas en la normativa europea de asilo.
