El Gobierno declaró Lugar de Memoria Democrática el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, según una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática fechada el 22 de octubre y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado. El reconocimiento se fundamenta en la represión que sufrió la masonería durante la Guerra Civil y la dictadura, al considerar el inmueble el principal testimonio de esa persecución en Canarias.
La resolución emplea un lenguaje contundente. Sostiene que el templo fue “un lugar donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, al ser objeto de persecución sistemática desde los primeros días del golpe de julio de 1936. El edificio, sede de la logia Añaza, fue ocupado por los sublevados, que incautaron sus archivos y lo reconvirtieron en centro de interrogatorios y almacén militar; sus integrantes sufrieron detenciones, torturas y, en numerosos casos, ejecuciones o desapariciones. En 2009, unas reparaciones sacaron a la luz restos humanos que, según el texto, corroboran esos testimonios.
El alcance real de la figura, sin embargo, es limitado. La propia resolución precisa que no establece medidas de protección específicas adicionales para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, titular del edificio, más allá de las garantías generales de conservación, identificación y señalización. La declaración implica la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, pero no lleva aparejada financiación ni un régimen de tutela que vaya más allá del que ya tenía el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural en 2007. En la práctica, el reconocimiento es sobre todo simbólico.
La redundancia con esa protección previa invita a matizar el carácter novedoso de la medida. El templo ya gozaba desde hace casi dos décadas de la máxima categoría de protección patrimonial autonómica, de modo que la nueva etiqueta se superpone a una salvaguarda que no modifica, y cuyo mantenimiento sigue dependiendo de las arcas municipales. La conservación efectiva del edificio, uno de los ejemplos más relevantes de la arquitectura masónica en España, continúa, por tanto, en manos del Consistorio.
La declaración tampoco es ajena al contexto político. Se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, una norma que el Partido Popular se ha comprometido a derogar si llega al Gobierno y que Vox rechaza de plano, lo que introduce una incógnita sobre la continuidad de este tipo de reconocimientos. El propio procedimiento, incoado de oficio por el Estado en diciembre de 2025, se enmarca en una política memorialística que divide al arco parlamentario y que sus críticos consideran un uso partidista del pasado.
El templo se convierte así en el segundo Lugar de Memoria Democrática de Canarias, tras la Colonia Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. Más allá del simbolismo del gesto, el reconocimiento deja pendientes las cuestiones de fondo: quién financia la conservación, qué uso divulgativo se dará al inmueble y hasta qué punto una figura sin dotación económica garantiza, por sí sola, la preservación de la memoria que dice proteger.
