El Fondo Monetario Internacional ha pedido a España que retire las rebajas fiscales aplicadas a la energía tras el estallido de la guerra en Oriente Medio y que solo mantenga ayudas puntuales si la situación económica empeora de forma severa. El organismo considera que las bonificaciones generalizadas sobre carburantes, luz y gas distorsionan los precios y aumentan el gasto público en un momento en el que reclama una consolidación fiscal más rápida.
El aviso llega cuando parte de esas medidas expiran en junio. El IVA reducido de la electricidad y el gas volverá al 21% a partir del día 1, mientras que las ayudas a los carburantes continúan, al menos, hasta el 30 de junio. El FMI sostiene que cualquier nueva prórroga debería limitarse a colectivos vulnerables y evitar subvenciones universales.
El informe del organismo internacional reconoce que la economía española mantiene un crecimiento sólido pese al impacto del conflicto geopolítico y prevé un avance del PIB del 2,1% en 2026. Sin embargo, advierte de que el envejecimiento de la población elevará el gasto en pensiones, sanidad y dependencia durante las próximas décadas, por lo que pide reforzar los ingresos públicos y reducir deuda.
La vivienda ocupa otro de los principales capítulos del análisis. El FMI considera que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas estructurales de España y reclama medidas “contundentes” para aumentar la oferta. Entre sus propuestas figuran acelerar desarrollos urbanísticos, simplificar licencias, reducir trabas burocráticas y ofrecer mayor seguridad jurídica a los promotores.
El organismo también alerta del fuerte incremento de precios y de los primeros signos de relajación en la concesión de hipotecas, aunque descarta por ahora riesgos comparables a la burbuja inmobiliaria de 2008. Aun así, recomienda vigilar de cerca el mercado financiero y estudiar límites si el crédito hipotecario sigue creciendo con rapidez.
El FMI insiste además en que el principal desequilibrio del mercado inmobiliario español es la falta de oferta frente al aumento de la demanda, impulsada por el crecimiento demográfico y la inmigración. Diversos análisis del sector apuntan a que la construcción de vivienda nueva sigue muy por debajo de las necesidades actuales, especialmente en grandes ciudades y zonas tensionadas.
