Mientras Pedro Sánchez hacía manitas con Begoña Gómez en un mitin del PSOE, la UCO de la Guardia Civil entraba, en funciones de policía judicial, en la sede de la empresa pública Red.es, en busca de correos que permitan demostrar si las cantidades recibidas por Juan Carlos Barrabés, a través de su empresa Innova Next, proceden de fondos europeos. Barrabés es profesor del master chimbo de la Complutense que codirigía Begoña Gómez sin tener titulación para ello, y socio de la mujer del presidente del Gobierno.
Todo parece indicar que el cerco judicial y policial sobre Begoña Gómez se estrecha, a pesar de que Sánchez esté exponiendo públicamente a su mujer como a una santa, como si el asunto no fuera con ella. Parece como si quisiera convertirla en mártir. No tiene buena pinta para Gómez esta instrucción penal, mientras el juez de Madrid encargado de instruir el sumario sigue también con nuevas pesquisas.
Es la segunda vez que la UCO entra en la sede de Red.es, esta vez en busca de correos, que ha volcado a sus sistemas informáticos desde los ordenadores de la empresa pública. Los fiscales europeos quieren saber si las subvenciones concedidas por Red.es a Innova Next, la empresa de Barrabés, con la presunta intervención de Begoña Gómez, según fuentes periodísticas, proceden de fondos europeos. En tal caso, el asunto pasaría a su jurisdicción.
En medios de la Unión Europea se está viendo este caso como “muy grave”, de ahí la intervención de la Fiscalía Europea, que mantiene serias sospechas sobre la procedencia de los 10 millones de euros concedidos al amigo de Begoña Gómez, con carta de recomendación de por medio.
Gómez está citada, en calidad de investigada, en el Juzgado de Instrucción 41 de los de Madrid para declarar por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
En vez de respetar la autonomía de los jueces, Sánchez y algunos de sus ministros se han metido en una campaña de descalificación del juez instructor, al que no le ha temblado el pulso a la hora de cumplir con los requisitos del procedimiento judicial penal, que se inició con una denuncia del sindicato Manos Limpias.
