En su afán por colonizar también la justicia –lo ha conseguido en parte, pues suyos son el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado–, Sánchez quiere colonizar también a los defensores públicos y a los jueces inscritos en asociaciones llamadas “conservadoras”, “progresistas” y hasta “neutras”. Yo ignoraba que fuera posible impartir justicia bajo calificativos tan explícitos y estos profesionales de la justicia –jueces y fiscales— deberían tener prohibida la adscripción a organizaciones, más políticas que judiciales, por ley. Tampoco me gusta, lo repito mucho, ver aparecer en la sala de juicios al juez y al fiscal por la misma puerta de la rebotica. Me da repelús. Creo que incluso los abogados del Estado comparten el privilegio de la misma salida del zulo, aunque de esto último no estoy seguro, lo he oído por ahí. En América del Norte pondría esto la carne de gallina a los asistentes a la vista oral. Bueno, pues una asociación de fiscales, la progresista (APIF), de la que fue portavoz el imputado fiscal general García Ortiz, se muestra “disconforme y perpleja” por las actuaciones del instructor del Supremo que está investigando al todavía jefe de todos los fiscales, por lo que se sabe colaborador inaudito del sanchismo para combatir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a través de los supuestos actos de  su novio. Un delito de revelación de secretos, vamos, todavía en estado de presunción, aunque lleno de datos objetivos que pueden acabar en un desastre para él. La citada asociación tacha lo que le está pasando a su jefe de “caza de brujas” e insiste en su disconformidad y perplejidad con el procedimiento incoado contra García Ortiz y sus dos adláteres. España ha sido siempre un país de izquierdas, pero, claro, no todo el mundo lo es. Se trata de un Estado legalmente plural, que debe ser respetuoso con la Constitución. Y en la Constitución se dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Así que también el fiscal general, y hasta el rey, deberían responder por sus actos, aunque la inviolabilidad del rey parezca una contradicción dentro de la Carta Magna. Afortunadamente existe un cuerpo judicial mayoritariamente justo, colonizaciones aparte, que está enmendando continuamente la indecencia de un Gobierno con ramalazos corruptos graves, que intenta subvertir las instituciones y que, en parte, lo ha conseguido. Sánchez, el felón de La Moncloa, es una desgracia para España, pero las matemáticas de la democracia –que no sus propios votos— lo han puesto ahí y las matemáticas de la democracia también lo quitarán de ahí. Lo que no se sabe, lamentablemente, es cuándo.