Más de 3.800 personas han llegado a Canarias en algo más de mes y medio, un repunte que Fernando Clavijo calificó este lunes de “nuevo brote migratorio” y que le llevó a reclamar de nuevo al Estado una respuesta. El presidente del archipiélago aprovechó los actos de la Fiesta Nacional para denunciar lo que describió como una “ausencia de reacción” del Gobierno central ante el aumento de las travesías.
Clavijo vincula ese tirón a los movimientos iniciados en junio, con la entrada en vigor del pacto migratorio europeo, la crisis de Ceuta y el repliegue de efectivos marroquíes hacia el norte. El presidente teme que el año concluya con un balance próximo al de 2024, cuando llegaron cerca de 47.000 personas, y pide al Ministerio del Interior y al resto de administraciones medidas que alivien la carga sobre los recursos insulares. La presión de estos días la ilustran los cuatro cayucos que en las últimas 24 horas dejaron a 668 personas en El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, una de ellas en estado crítico.
El balance del conjunto del año dibuja, no obstante, una tendencia a la baja. Entre enero y el 30 de septiembre llegaron 7.133 personas en 95 embarcaciones, un 44,5% menos que en el mismo periodo de 2025, según el Ministerio del Interior. La Delegación del Gobierno cifra además en unas 17.000 las personas interceptadas en África antes de embarcar, fruto de la cooperación policial con Mauritania, Senegal o Gambia, aunque advierte de que el archipiélago entra ahora en el periodo de las calmas, propicio para las travesías.
Parte de los recursos que Clavijo reclama reforzar corresponden a la propia comunidad. La tutela de los menores no acompañados, uno de los puntos donde más se tensiona el sistema de acogida, es competencia exclusiva de Canarias, un extremo que subrayan las informaciones sobre la gestión de la crisis.
El presidente, que encabeza un gobierno de coalición entre Coalición Canaria y el PP, dirigió también una advertencia a Bruselas, al considerar que las medidas de contención del pacto migratorio europeo podrían aumentar la presión sobre las regiones de frontera y dificultar la gestión de nuevas llegadas.
