El Gobierno de Canarias estudia regular los precios de los billetes de avión de los residentes dentro de su Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente (Emsican), un documento todavía en tramitación que aborda el coste del transporte aéreo en varios de sus apartados. El Consejo de Gobierno aprobó además el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que reconoce el derecho de la ciudadanía a la movilidad y que ahora inicia su recorrido en el Parlamento regional.
El borrador plantea fijar techos temporales al precio de los vuelos con la Península en los periodos de mayor demanda, como la Navidad o el verano, cuando las tarifas tienden a dispararse. Para ello recurriría a la figura de las Obligaciones de Servicio Público, que permiten establecer un límite de precio en determinadas rutas con el fin de proteger a los pasajeros frente a subidas que considera abusivas.
La estrategia pone también el foco en la fijación dinámica de precios. Entre las medidas figura la posibilidad de auditar los algoritmos que emplean las compañías para modificar sus tarifas y comprobar cómo afectan a los residentes y a las rutas que reciben subvenciones públicas. El Ejecutivo canario quiere además revisar qué conceptos integran el precio bonificable, de modo que determinados recargos y suplementos no queden fuera del descuento del 75% que disfrutan los residentes.
El objetivo que esgrime el Gobierno autonómico es garantizar la transparencia y vigilar la evolución del precio base del billete antes de aplicar esa bonificación, para evitar que el subsidio público acabe absorbido por incrementos injustificados de las tarifas. La estrategia va más allá del transporte aéreo e incluye otras actuaciones, como un billete interinsular único e intermodal que facilite los trayectos combinados y evite encarecimientos por los transbordos.
Ninguna de estas medidas está en vigor. Tanto la Emsican, que proyecta el modelo de transporte del archipiélago hasta 2050, como el proyecto de ley se encuentran en fase de tramitación y participación pública, y deberán superar su paso por el Parlamento canario, de 70 escaños, con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte.
El principal obstáculo es competencial. Canarias no puede fijar de manera unilateral las tarifas aéreas ni crear por sí sola nuevas Obligaciones de Servicio Público, de modo que cualquier regulación de precios requeriría coordinación con el Estado y, en algunos casos, con la Unión Europea. Por ahora, el precio de los billetes lo sigue decidiendo el Ministerio de Transportes, que el pasado julio elevó un 7% de media las tarifas de referencia de los vuelos interinsulares.
