Los propietarios del hotel Callao Sport, situado en Callao Salvaje, Adeje (Tenerife), denuncian una situación de total desamparo institucional y judicial tras la ocupación ilegal del inmueble por parte de una organización mafiosa desde el pasado 17 de febrero. Según relatan, el grupo se ha apropiado del edificio y alquila habitaciones a terceros, generando ingresos mientras los legítimos dueños no encuentran respaldo legal para recuperar su propiedad.
Margarita Domínguez, copropietaria del hotel, asegura que han agotado todos los recursos judiciales a su alcance sin obtener respuesta: “Hemos presentado una denuncia penal con dos recursos, además de una demanda civil, pero todavía no hemos recibido ninguna resolución efectiva”, lamenta.
Domínguez denuncia además robos y destrozos en el interior del hotel, incluyendo la sustracción de mobiliario y documentación. Según explica, los okupas venden estancias temporales y de larga duración, y hay personas que residen en el edificio desde hace meses, mientras otras entran y salen sin control.
La situación ha generado graves problemas de seguridad y convivencia tanto en el interior del hotel como en su entorno. Se han registrado enfrentamientos entre los propios ocupantes, así como incidentes con vecinos, incluyendo amenazas, pequeños hurtos y presunto menudeo de drogas.
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha mostrado su respaldo a los propietarios, denunciando que estos siguen obligados a pagar los suministros básicos del edificio, como el agua y la electricidad, incluso mientras el hotel permanece ocupado. “No se les permite cortar la luz, porque el juez lo considera coacción”, detalla Domínguez.
Además, el conflicto ha paralizado la venta del inmueble. “Tenemos el hotel en venta, pero los posibles compradores no pueden ni visitarlo. Nadie compra algo que no puede ver”, asegura la dueña.
Ante este escenario, Ashotel reclama una intervención urgente por parte de las autoridades competentes para recuperar el edificio y garantizar el respeto a la propiedad privada. La patronal advierte que la ocupación ya no solo vulnera el marco legal, sino que representa un foco de inseguridad pública y un entorno propicio para actividades delictivas.
