Suiza dijo no este domingo a la iniciativa que pretendía obligar al Gobierno a frenar el crecimiento demográfico del país si la población superaba determinados umbrales. El referéndum, que ha generado un debate intenso durante meses, se ha saldado con el triunfo del no por un margen ajustado.

La propuesta, denominada No a una Suiza de diez millones, planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico, principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo, si antes de 2050 el país alcanzaba los 9,5 millones de habitantes. El 54,79% de los suizos votó en contra. Con una participación del 58,8%, el no se impuso por poco más de 300.000 votos: 1.800.000 frente a 1.490.000.

La iniciativa había sido impulsada y defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro. La propuesta establecía que, si Suiza superaba ese umbral durante dos años consecutivos, el Gobierno debería adoptar medidas para frenar el crecimiento, incluyendo una posible revisión de los acuerdos de libre circulación de personas con la Unión Europea.

Suiza ha experimentado uno de los crecimientos demográficos más rápidos de Europa occidental: pasó de 7,3 millones de habitantes en 2002 a más de 9,1 millones en 2026, un aumento de casi el 25% en 24 años. De ese crecimiento, cerca del 80% se debe a la inmigración neta, ya que la tasa de natalidad local ronda los 1,3 hijos por mujer. Actualmente el 27% de la población es extranjera.

Los partidarios del sí sostenían que el aumento de población estaba tensando las infraestructuras, la vivienda y el transporte. Sus detractores argumentaban lo contrario: que impedir la llegada de inmigrantes, en su mayoría jóvenes en edad de trabajar, reduciría las cotizaciones en un país cada vez más envejecido, con el consiguiente deterioro de las pensiones y el seguro médico obligatorio, los dos grandes pilares del Estado del bienestar suizo.

El mayor temor ante una posible victoria del sí había sido el daño que podría causar a las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, con la que mantiene vínculos políticos, económicos y comerciales vitales para la economía helvética, y cuyo pilar fundamental es el Acuerdo de Libre Circulación de Personas