Las reliquias del pasado no siempre sobreviven en los monumentos, a veces sobreviven en las costumbres. Quien observe la precampaña electoral canaria y escuche determinados discursos institucionales puede experimentar una impresión extraña. ¿Estamos realmente en el siglo XXI? ¿O seguimos habitando, al menos en nuestra imaginación política, una parte del siglo XIX? Canarias es una comunidad autónoma plenamente integrada en el sistema democrático español y europeo. Sin embargo, ciertas formas de entender la política conservan una sorprendente continuidad con modelos históricos que parecían superados. El sistema político canario, y particularmente determinados sectores de su nacionalismo institucional, parece haber desarrollado una cultura de intermediación territorial que reproduce simbólicamente una relación de subordinación respecto al Estado español, aunque esa relación no exista jurídicamente bajo ninguna forma virreinal. No se trata de una cuestión administrativa ni constitucional. Se trata de una cultura política, de una manera de comprender qué es gobernar, qué es representar y dónde se encuentra realmente el poder. Toda comunidad democrática construye una imagen de sí misma y de la función que cumplen sus representantes. Algunas entienden la política como la elaboración de proyectos colectivos; otras, como la confrontación entre distintos modelos de sociedad. Otras, en cambio, desarrollan una cultura en la que la figura central es la del intermediario: aquel que negocia, transmite demandas y mantiene abierta la relación con un centro de decisión situado fuera del territorio. Es precisamente esta última imagen la que parece proyectarse con frecuencia sobre la vida pública canaria. Cambian los gobiernos en Madrid, se alternan partidos con proyectos ideológicos opuestos y, sin embargo, las declaraciones procedentes de Canarias suelen conservar una notable continuidad. Lo importante, se afirma, es presentar las necesidades del archipiélago al nuevo ejecutivo y conseguir que sean atendidas. La cuestión central ya no parece residir en la orientación política del gobierno de turno ni en la compatibilidad de determinados proyectos de país con los intereses canarios. Lo esencial es conservar la capacidad de interlocución, hasta el punto de que la negociación misma acaba identificándose con quien intermedia y con la eficacia de esa mediación. La singularidad de este fenómeno se aprecia con mayor claridad cuando se observa desde la historia de las ideas políticas. Ningún nacionalismo clásico se construyó alrededor de la figura del intermediario. Los movimientos nacionales surgidos en Europa durante los siglos XIX y XX no aspiraban a convertirse en negociadores privilegiados ante un centro político. Su objetivo era exactamente el contrario: afirmar la existencia de una comunidad capaz de representarse a sí misma y de definir autónomamente sus propios fines colectivos. La idea nacional implicaba la existencia de un sujeto político. Un sujeto que reclamaba la capacidad de decidir sobre sí mismo, no la capacidad de gestionar con mayor eficacia su relación con una autoridad superior. Por eso resulta llamativo que determinados sectores del nacionalismo institucional canario hayan terminado construyendo buena parte de su legitimidad alrededor de una función de intermediación. La transformación es sutil, pero significativa. El representante nacionalista deja de presentarse como expresión de una voluntad política autónoma del archipiélago para aparecer como el mejor defensor posible de los intereses canarios ante el Estado. La centralidad ya no recae sobre la construcción de un proyecto político propio, sino sobre la capacidad de interlocución y de pacto. Lo que se produce es un desplazamiento conceptual. La cuestión nacional deja de formularse como cuestión de autonomía política y pasa a formularse como cuestión de influencia.. un auténtico paradojo para buena parte de la tradición nacionalista europea. Allí donde el nacionalismo buscaba constituir un sujeto político, aparece ahora una figura cuya función principal consiste en mediar entre el territorio y el centro. Esta mutación se refleja también en el lenguaje. Conceptos como autonomía, identidad, singularidad o defensa de los intereses propios conviven con un vocabulario dominado por términos como interlocución, negociación, presencia en Madrid, influencia o capacidad de obtener recursos. Nada de ello es ilegítimo de echo toda acción política necesita negociar, pero lo llamativo es que categorías propias de la mediación institucional acaben sustituyendo a categorías propias de la doctrina política. Como si la influencia ocupara el lugar de la soberanía. La política deja de preguntarse qué quiere ser Canarias para concentrarse en qué puede obtener Canarias. Canarias posee instituciones propias, parlamento, gobierno y amplias competencias. Sin embargo, una parte de su cultura política parece continuar funcionando como si su papel principal consistiera en mediar entre la población insular y una instancia superior de poder. No existe un virrey. Lo que existe es una lógica virreinal. Una lógica que opera desde la costumbre. Esta persistencia resulta aún más llamativa porque el mundo ha cambiado, hasta de siglos. Hoy, el poder se encuentra mucho más disperso. Instituciones europeas, organismos internacionales, actores financieros, plataformas tecnológicas y redes transnacionales participan en procesos de decisión que ya no pueden reducirse a la vieja relación entre centro y periferia. Y, sin embargo, una parte significativa de la política canaria continúa actuando como si ese esquema siguiera intacto. Cambiar para que nada cambie. Así dirá una vez más Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo. Pero para que nada cambie es necesario comprender primero qué está cambiando. Cambian los gobiernos, las siglas, las alianzas y los liderazgos. Cambian incluso las circunstancias históricas que rodean a Canarias. Pero la estructura profunda de la representación permanece notablemente estable: una determinada interpretación del poder que sigue concibiéndose en relación con una autoridad exterior. Y es precisamente esa interpretación la que dificulta pensar el futuro. Porque los desafíos que afronta Canarias ya no pueden resolverse únicamente desde una lógica localista ni mediante una relación bilateral con el Estado. La transición energética, la transformación demográfica, las dinámicas migratorias, la digitalización o la posición estratégica del archipiélago exigen una capacidad de actuación más compleja, basada en alianzas, coaliciones y espacios de decisión multinivel. Quizá haya llegado el momento de sustituir la lógica de la intermediación por una lógica de construcción política. Porque el virreinato imaginario no es una realidad jurídica ni una situación institucional. Es una forma de mirar el poder. Y ninguna comunidad puede ejercer plenamente su autonomía mientras siga interpretando el presente a través de categorías heredadas de un mundo que ya no existe. Ni siquiera don Fabrizio, príncipe de Salina, se dejó encerrar por el arraigo. Comprendió que una época terminaba y que era necesario cambiar para que nada cambiara y el poder, su poder, sobrevivió con la unión entre Tancredi y Angelica. Claro está Tancredi e Angelica eran, como suele decirse, los dos, cada uno, un buen partido.