La Misión Independiente de Investigación para Irán nombrada por la ONU alertó este jueves de que diez jóvenes podrían ser ejecutados próximamente por haber participado en una protesta a principios de este año en la ciudad iraní de Isfahán, y pidió la detención inmediata de estas ejecuciones.
Dos hombres implicados en esa misma protesta ya fueron ejecutados el pasado 19 de julio, y las familias de algunos de los que permanecen condenados han sido convocadas para una última visita a los reos, lo que sugiere que se podrían producir nuevas ejecuciones de forma inminente, según advirtió la misión en un comunicado.
Los doce hombres fueron detenidos en relación con las protestas del 8 de enero en la plaza Alikhani de Isfahán, en las que murieron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la misión de expertos, al menos 60 personas han sido condenadas a muerte en Irán desde diciembre del año pasado, y 23 hombres han sido ejecutados desde marzo en relación con esas protestas.
Amnistía Internacional ha denunciado que el uso de la pena de muerte en Irán ha aumentado de manera significativa desde el estallido de las protestas a finales de 2025 y, especialmente, tras la reciente guerra entre Irán e Israel, y sostiene que la pena capital se está utilizando cada vez más como herramienta para intimidar y reprimir a la oposición política. Según la organización, el número de ejecuciones ha alcanzado un nivel no visto desde las matanzas masivas de presos políticos de 1988.
La ONU ya había advertido a comienzos de este año que Irán había ejecutado al menos a 40 personas solo en el primer semestre de 2026, 18 de ellas en causas relacionadas con la seguridad nacional. Las organizaciones de derechos humanos denuncian de forma reiterada que los acusados en procesos vinculados a las protestas son juzgados en procedimientos opacos, a menudo sin acceso a una defensa independiente, y que las condenas se apoyan con frecuencia en confesiones obtenidas presuntamente bajo tortura.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya prorrogó en enero el mandato de esta misión de investigación por dos años más, con el encargo expreso de esclarecer con urgencia los abusos cometidos durante la ola de protestas que sacudió Irán desde finales de 2025. Un grupo de 27 agencias y organizaciones de la ONU ha reclamado además al Consejo de Derechos Humanos que exija el cese inmediato de las ejecuciones y que se estudie remitir el caso de Irán a la Corte Penal Internacional.
