La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha decidido asumir la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, al apreciar «permisividad» y una «clara e indudable gestión favorecedora» del proceso desde territorio de Marruecos. La magistrada abrió diligencias tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y ha resuelto declararse competente para instruir el caso.
«Se ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos», sostiene Tardón en su auto, una conducta que, afirma, se constata a través del «gráficamente contrastado comportamiento» de las fuerzas de seguridad marroquíes. La jueza recoge las conclusiones del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que descartó que los hechos fueran incidentales, ocasionales o espontáneos y apuntó a un «guiado activo» de los migrantes por parte de agentes marroquíes, con la finalidad migratoria operando «solo como cobertura formal».
Tardón enmarca lo ocurrido en una «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España», garantizada en el artículo 2 de la Constitución. La jueza lo describe como «un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la guerra híbrida», propio de Estados, organizaciones criminales o grupos terroristas, y destaca entre sus componentes «la desinformación en las redes sociales», además de reprochar el «menosprecio» hacia quienes, dice, fueron incitados a arrojarse al mar.
La instructora asume la competencia al tratarse de presuntos delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en conexión con delitos de homicidio imprudente por los 83 fallecimientos acreditados hasta el momento en aguas españolas, así como de organización criminal. Ha requerido además a los juzgados de Ceuta que le remitan las diligencias que hubieran iniciado sobre esas muertes.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, respaldó que el tribunal es competente porque «el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional». La Fiscalía ya se había mostrado partidaria de que la Audiencia asumiera la causa al entender que los efectos más relevantes se produjeron en suelo español y que el tribunal está capacitado para afrontar «fenómenos criminales complejos y organizados».
El auto de Tardón se apoya, llamativamente, en las propias palabras del presidente del Gobierno. La jueza recuerda que Pedro Sánchez, durante su visita a Ceuta el 31 de julio, definió los hechos como «un ataque, una violación de la integridad territorial de España», una afirmación que la magistrada emplea para sostener la existencia de una intencionalidad de atentar contra el Estado. La resolución diferencia además varios niveles de responsabilidad, desde quienes cruzaron la frontera hasta quienes planificaron y dirigieron el proceso, a los que atribuye «una alta capacidad de organización».
La decisión judicial contrasta con el discurso mantenido durante semanas por buena parte del Gobierno, que había evitado atribuir a Marruecos la autoría del asalto y llegó a definir a Rabat como «socio leal». La investigación de la Audiencia Nacional, sustentada en el informe policial del CENIF, sitúa ahora en el centro de la causa el papel de las autoridades marroquíes, en un caso que se suma a los múltiples frentes judiciales y políticos abiertos por la gestión de una crisis que sigue marcando la actualidad más de un mes después.
