La agencia europea para la cooperación policial ha llevado a cabo entre febrero y abril una operación contra la propaganda digital del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que ha permitido identificar y retirar 14.200 publicaciones, cuentas y enlaces en múltiples plataformas. La acción se produce tras la designación del IRGC como organización terrorista por parte de la Unión Europea el pasado 19 de febrero.
La operación, liderada por la Unidad de Referencia de Internet de Europol, ha contado con la participación de 19 países: Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Ucrania y Estados Unidos.
El dato más visible de la operación ha sido el bloqueo en territorio europeo de la cuenta principal de la Guardia Revolucionaria en la red social X, que acumulaba más de 150.000 seguidores. Sin embargo, detrás de esa medida existe una actuación mucho más amplia que ha permitido eliminar o poner bajo investigación miles de enlaces, vídeos, canales, blogs y plataformas que servían como nodos de propaganda, radicalización y difusión de mensajes violentos.
España jugó un papel especialmente relevante en la operación a través de la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos (UNECI), integrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior. Las autoridades españolas localizaron aproximadamente un tercio de los enlaces detectados, unos 4.700 contenidos. El dato refleja la creciente preocupación de las fuerzas de seguridad españolas por el impacto de la propaganda extremista en lengua española.
Según los investigadores, el IRGC había creado una red digital muy estructurada que abarcaba las principales plataformas de medios sociales, servicios de streaming, sitios de alojamiento de blogs y sitios web independientes. Los contenidos se distribuían en árabe, inglés, francés, persa, español e indonesio.
El material identificado durante la operación incluía mensajes políticos entrelazados con narraciones de martirio religioso y vídeos generados por inteligencia artificial en los que se alababa al IRGC y se pedían represalias en nombre del difunto líder supremo de Irán, Alí Jamenei. El contenido terrorista abarcaba desde discursos que combinaban narrativas de martirio religioso con mensajes políticos altamente cargados hasta llamadas directas a la venganza.
Europol informó en un comunicado que el IRGC utiliza proveedores de alojamiento repartidos por múltiples jurisdicciones, entre ellas Rusia y Estados Unidos, para mantener operativos los sitios web a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Esta estrategia le permite mantener su capacidad de respuesta en internet incluso cuando algunos contenidos son eliminados.
Las autoridades también identificaron el uso de transacciones en criptomonedas para mantener y ampliar sus operaciones digitales, una táctica diseñada para eludir los controles financieros tradicionales y sortear las sanciones internacionales.
La investigación también ayudó a rastrear y eliminar contenido producido por grupos vinculados al IRGC, incluidos Hezbollah, Ansar Allah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina y el grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), que ha reivindicado ataques contra objetivos judíos, estadounidenses y de la oposición iraní en Europa desde marzo de 2026.
Las autoridades policiales de los 19 países trabajaron en fases sincronizadas, recopilando información de inteligencia, cotejando objetivos y realizando remisiones conjuntas a plataformas en línea. La interconexión de los sitios web vinculados al IRGC que operan en varios idiomas ofreció información valiosa sobre la arquitectura en línea de la red.
La designación del IRGC como organización terrorista por parte de la Unión Europea en febrero permite a las fuerzas del orden actuar contra la actividad de sus miembros y sus entidades de apoyo en los Veintisiete. La Guardia Revolucionaria, pilar fundamental del aparato militar iraní, fue incluida en la lista tras su participación en la represión de las protestas masivas de enero en Irán, en las que al menos 6.800 personas fueron asesinadas.
