La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este martes una declaración institucional en la que muestra su preocupación por las declaraciones de responsables de instituciones del Estado que cuestionan la independencia de algunas decisiones judiciales. El texto no menciona nombres, pero el contexto es diáfano: los últimos días han sido especialmente tensos entre el Ejecutivo y la judicatura.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó mensajes en redes sociales cuestionando la veracidad de informes policiales relacionados con el PSOE. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, describió el auto de imputación del expresidente Zapatero como un momento «inicial, embrionario, de simples indicios», a pesar de su extensión.
El CGPJ considera que un entorno político en el que se realizan críticas de esta naturaleza «debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada y cuestiona los fundamentos del Estado de Derecho al instrumentalizarse la actividad judicial».
La Comisión Permanente insiste en la necesidad de respetar la independencia del Poder Judicial, un respeto que, advierte, «no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano».
No es la primera vez que el órgano reacciona en estos términos. A principios de mayo, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ya defendió públicamente la independencia judicial ante quienes realizan «presiones que no respetan el marco de lealtad institucional» recogido en la Constitución. El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, criticó también el señalamiento de jueces «particularmente cuando se investigan determinadas causas».
