Las carteras de criptomonedas vinculadas a la plataforma Arbistar movieron más de 710 millones de euros en bitcoin, según un informe del grupo de investigación de la Guardia Civil incorporado a la causa. El documento localiza cuantiosos movimientos de activos digitales antes y después del colapso, en septiembre de 2020, de la empresa radicada en el sur de Tenerife.

El informe detecta “transferencias masivas” de criptomonedas hacia personas asociadas a Arbistar, sin que se aprecie actividad de arbitraje alguna ni un patrón común que las justifique. La Fiscalía atribuye esas operaciones a los tres fundadores de la compañía, encabezados por Santiago Fuentes Jover, considerado el líder de la trama.

La pesquisa se enmarca en la pieza separada por blanqueo de capitales que instruye la Audiencia Nacional, distinta de la causa principal por la estafa. El juez José Luis Calama propuso el pasado enero juzgar a diez personas por el presunto blanqueo de los fondos obtenidos de los inversores, al concluir que el dinero que manejaba Fuentes Jover procedía del engaño a los afectados y que su actuación buscaba ocultar su origen y su titularidad. La Audiencia examina ahora los recursos presentados contra la ampliación de la investigación.

El origen de todo está en el mayor fraude con criptomonedas planeado desde Canarias. Arbistar captó inversores con un supuesto sistema automatizado de arbitraje denominado Community Bot, que prometía rentabilidades y que, según la justicia, nunca llegó a ser operativo. Cuando la plataforma se desplomó, miles de personas no pudieron recuperar los bitcoins entregados. La estafa afectó a unas 32.000 personas de distintos países, con un perjuicio cifrado en torno a los 200 millones de euros.

La vía penal por la estafa ya tiene sentencia firme y agravada. La Audiencia Nacional condenó en septiembre de 2025 a Fuentes Jover a ocho años de cárcel y a su socio, Diego Fernández Nojarova, a seis, por estafa continuada y falsedad documental. En marzo de 2026, la Sala de Apelaciones duplicó esas penas hasta los 16 y los 11 años, respectivamente, al sumar el delito de pertenencia a organización criminal, del que ambos habían sido absueltos en primera instancia, por considerar que la actividad defraudatoria fue prolongada, sistemática y “singularmente agravada”.

El nuevo informe sobre el rastro del dinero refuerza la segunda gran línea de la investigación, la del blanqueo, con la que la Audiencia Nacional trata de esclarecer qué se hizo con los fondos captados y hasta dónde llegó la red de movimientos de criptoactivos tejida alrededor de la plataforma tinerfeña.