Ni un solo voto en contra, pero tampoco el respaldo de la oposición de izquierda. Con ese resultado aprobó este miércoles el pleno del Parlamento de Canarias la ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, que sacaron adelante los cuatro socios del Gobierno —Coalición Canaria, PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente— junto a Vox, con el PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista en la abstención.

Lo que la norma otorga a docentes y equipos directivos es la condición de autoridad pública y la presunción de veracidad cuando se enfrentan a un conflicto, sea una agresión, un insulto o un caso de acoso. A ello suma el compromiso de que la Administración les preste asistencia jurídica y psicológica de forma inmediata si lo sufren en su trabajo.

El reparo de fondo que esgrime la izquierda es que la ley no aporta nada nuevo. PSOE y NC-BC se apoyaron en los dictámenes del Consejo Consultivo y del Consejo Escolar, que recuerdan que la autoridad del docente ya figura en la normativa estatal y canaria. El socialista Marcos Hernández lo resumió en que el texto se limita a repetir lo ya legislado, de ahí su escaso recorrido, y alertó de que podría chocar con la Ley Canaria de Educación y generar inseguridad jurídica.

Desde NC-BC, Carmen Hernández dio la vuelta al argumento sin negar el problema: hace falta blindar al profesor, admitió, pero no de esta manera. Reprochó que la ley se haya cocinado “de espaldas” a la comunidad educativa y pidió cambiar las proclamas por plantilla, menos papeleo y presupuesto. Tanto su grupo como el PSOE insistieron en el contraste con la Ley Canaria de Educación No Universitaria, pactada en su día por casi todos, un consenso que esta vez no se ha buscado.

El dinero fue el otro frente. La oposición subrayó que la norma llega sin memoria económica, lo que a su juicio deja las garantías en papel mojado mientras no haya fondos para hacerlas cumplir.

El Ejecutivo defendió lo contrario. Los grupos que impulsaron la ley negaron que se haya legislado al margen de los docentes y acusaron a la izquierda de rehuir el acuerdo con las elecciones a la vista. Vox, pese a sumar sus votos, dejó caer que el problema del aula es más profundo y tiene raíces estructurales.