El Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico prevén firmar el próximo 29 de octubre un acuerdo para crear un órgano bilateral de seguimiento y participación en la gestión de las ocho instalaciones aeroportuarias de interés general de Canarias. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció este jueves que la Comisión Bilateral Canarias-Estado se reunirá ese día para aprobar el mecanismo, una reivindicación del Gobierno de Fernando Clavijo desde el inicio de la legislatura.

El órgano será paritario, con cuatro representantes de cada administración, y funcionará como espacio de diálogo, supervisión, reclamación y seguimiento de los asuntos relacionados con los aeropuertos del archipiélago durante los próximos años. Además de abrir la puerta a que Canarias participe en la planificación, programación y gestión aeroportuaria, hará un seguimiento de las inversiones que el Estado acomete en estas instalaciones a través de los Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORA).

El acuerdo desarrolla el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, que contempla este tipo de participación. El documento recogerá, según el Ejecutivo canario, la “situación peculiar, archipielágica y ultraperiférica” de las islas, cuyos ocho aeropuertos están integrados en la red de interés general de Aena.

La jornada del 29 de octubre, que se celebrará en Tenerife, incluirá dos reuniones consecutivas: primero la Comisión Bilateral Canarias-Estado y, después, una Comisión Bilateral Mixta centrada específicamente en la negociación sobre las infraestructuras aeroportuarias. El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, avanzó esta previsión tras un Consejo de Gobierno extraordinario, aunque no dio el acuerdo por cerrado y se mostró “optimista”, a la espera del visto bueno de ambas comisiones.

El Ejecutivo autonómico presenta el pacto como un hito. Cabello lo describió como un “acuerdo histórico para Canarias para mejorar la conectividad entre islas y de Canarias con el mundo”, que pondría fin a treinta años de reclamación y a un sinfín de borradores previos. La base de trabajo ha sido el acuerdo que el País Vasco alcanzó con el Estado el pasado 27 de marzo, si bien Canarias defiende que su Estatuto, de última generación, le permite ir más allá.

El Gobierno de Canarias reclama más pistas para afrontar el crecimiento del tráfico, una ampliación que Aena ha rechazado, de modo que el nuevo órgano se perfila como el cauce para encauzar esas y otras reivindicaciones sobre la red aeroportuaria del archipiélago.