Siete de cada diez partículas que flotan en el aire canario son, sencillamente, sal del mar. Ese es uno de los datos que deja el estudio que el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias (AirCanLab) presentó este miércoles en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife, y que desmonta la idea de que el tráfico o la industria sean el problema atmosférico de las islas. El trabajo, con mediciones tomadas entre 2024 y 2026, lo firman la Consejería de Transición Ecológica y Energía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El reparto de lo que se respira lo resume el propio laboratorio: junto a ese 70% de sal marina, un 20% procede de los vehículos de las islas y el 10% restante llega de fuera, arrastrado por los alisios. Dentro de ese último tramo, los científicos han localizado desde 2024 penachos de origen industrial que cruzan el Atlántico desde el norte de África: fertilizantes y térmicas de carbón en Marruecos, refinerías, centrales de gas y plantas de fertilizantes en Argelia.

El verdadero enemigo de la calidad del aire tiene nombre conocido en el archipiélago: la calima. El polvo del Sáhara es el factor que más empeora las mediciones, al disparar las concentraciones de partículas PM10 —las menores de diez micras— por encima de los 100 microgramos por metro cúbico de media y hasta rozar los 1.000 en los episodios más severos. Pese a ello, ninguna de las veces que se rebasaron los límites diarios se debió a algo generado dentro de las islas.

Entre los aportes propios, el investigador que dirige el laboratorio, Sergio Rodríguez, distingue los dos de casa: la sal del mar, inocua para la salud, y la propia calima. El cometido del AirCanLab, apuntó, es afinar las herramientas que separan lo que contamina Canarias de lo que le llega de fuera, un matiz decisivo para no cargar a las islas con episodios ajenos.

La lectura política la puso el consejero Mariano Hernández Zapata, que reivindicó que Canarias montó su laboratorio ambiental antes de que Europa lo exigiera y que los niveles del archipiélago quedan por debajo del listón que la Unión Europea aplicará en 2030. El proyecto se sostiene sobre un convenio entre el CSIC y el Gobierno regional dotado con casi 2,5 millones de euros hasta 2026.