El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha decidido prorrogar quince días más los controles fronterizos a los viajeros que llegan desde España por mar y aire, un mes después de haber suspendido el acuerdo de libre circulación de Schengen a raíz de la crisis migratoria de Ceuta. El Ministerio del Interior italiano comunicó este lunes a la Unión Europea la extensión de la medida, que mantiene las comprobaciones en puertos y aeropuertos con conexiones con España. Como respuesta, el Gobierno español anunció una medida recíproca por el mismo periodo, que se prolongará hasta el 7 de septiembre.
Italia justifica la prórroga en la persistencia de las circunstancias que motivaron su entrada en vigor el pasado 1 de agosto, según el análisis de su Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad Fronteriza. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, trasladó la decisión a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación telefónica que Roma calificó de «constructiva». El comunicado italiano matiza, no obstante, que tiene en cuenta las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la UE, para que la situación en Ceuta pueda encaminarse hacia una próxima normalización.
Los controles obligan a identificar a los pasajeros de terceros países que viajan entre ambos Estados. Durante el último mes, el Ministerio del Interior español controló 1.066 vuelos con un total de 12.337 viajeros de países no comunitarios procedentes de Italia, mientras que en el aeropuerto romano de Fiumicino se comprobaron los documentos de quienes llegaban desde España. La medida afecta de lleno a la libre circulación dentro del espacio Schengen, suspendida entre dos socios europeos por primera vez a raíz de este conflicto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó unos controles que, a su juicio, no tienen «ningún sentido». En una entrevista en la Cadena Ser, recordó que España ayudó a Italia a acoger a los inmigrantes llegados a la isla de Lampedusa y reclamó solidaridad entre los países europeos que están en primera línea de la llegada de migración irregular. Sánchez lamentó además la carta firmada por 22 líderes europeos, entre ellos Meloni, que cuestionaba la política migratoria de su Ejecutivo. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue más duro y calificó la decisión italiana de «agravio injustificado e injustificable a la dignidad de los españoles», al atribuirla a motivos electorales.
El pulso entre Madrid y Roma se remonta al 31 de julio, cuando Italia anunció la suspensión del acuerdo de libre circulación con España alegando razones de seguridad nacional tras la entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta. La decisión abrió una crisis diplomática entre dos gobiernos ideológicamente enfrentados, con la ultraderechista Meloni y el socialista Sánchez como protagonistas, que se ha ido enconando con las sucesivas prórrogas. La reciprocidad adoptada por España mantiene viva una disputa que ha convertido la gestión migratoria en un campo de batalla político dentro de la propia Unión Europea, con la libre circulación de personas, uno de los pilares del proyecto europeo, como principal damnificada.
