Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Exteriores, José Manuel Albares, comparecieron este viernes en el Congreso para explicar la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta, y coincidieron en dos mensajes: exculpar a Marruecos de cualquier responsabilidad en la avalancha del 30 de julio y situar el origen del problema en un bulo difundido en redes sociales y en el discurso de la ultraderecha. Ninguno de los dos entró a fondo en la principal incógnita que arrastra la crisis, la de qué sabían los servicios de inteligencia y cuándo; Marlaska, de hecho, no mencionó al CNI en los cuarenta minutos de su intervención.
Marlaska defendió a Rabat como un aliado ejemplar. El ministro del Interior ensalzó la colaboración «eficaz» de Marruecos, al que definió como «socio leal», y aseguró que las fuerzas marroquíes habían trabajado en interceptar a quienes intentaban cruzar. Esa defensa cerrada del país vecino contrasta con la versión de una parte de la oposición, e incluso con el tono más ambiguo de su compañera de Gabinete Margarita Robles, y deja sin respuesta la pregunta de por qué Marruecos sí frenó el intento de entrada del 15 de agosto pero no la avalancha de finales de julio.
El titular de Interior dedicó buena parte de su intervención a señalar a la derecha y la ultraderecha. Marlaska reclamó «sentido de Estado» y condenó los discursos de odio de quienes, dijo, «hablan de invasores y lanzan propuestas de expulsar a personas hospitalizadas», en alusión a Vox y al PP. Pidió calma y el cese de la violencia en Ceuta, después de que grupos de vecinos trataran de impedir el reparto de comida de la Cruz Roja y llegaran a quemar asentamientos de migrantes. El ministro cifró en 1.500 los menores puestos bajo tutela y anunció 35 millones de euros para alargar los espigones fronterizos, junto a un refuerzo de hasta 1.600 agentes.
Albares fue todavía más lejos en la teoría del complot exterior. El ministro de Exteriores atribuyó la crisis a lo que llamó una «guerra cognitiva» propiciada y patrocinada por una «internacional reaccionaria» que, según él, busca dividir a los españoles y a los europeos desde sus «terminales mediáticas y digitales». Sostuvo que se ha querido explotar el miedo de los ciudadanos convirtiendo a los inmigrantes en un «arma arrojadiza» contra el Gobierno, y que ciertos actores han usado el asunto como «gasolina electoral». Como Marlaska, situó el detonante en «un bulo desatado en redes sociales» que habría empujado a miles de personas a lanzarse al mar.
El discurso compartido por ambos ministros deja, sin embargo, varias costuras a la vista. Atribuir una entrada de decenas de miles de personas a un simple bulo y a una campaña de la ultraderecha esquiva las preguntas incómodas sobre el control de la frontera, la actuación de Marruecos y la información previa de los servicios de inteligencia. Albares, que reafirmó que «Ceuta y Melilla son España y son la Unión Europea», no aclaró por qué Rabat mantiene abiertas sus reivindicaciones sobre ambas ciudades si la relación es tan sólida como el Gobierno sostiene. La estrategia del Ejecutivo, centrada en desplazar la responsabilidad hacia las redes y hacia sus adversarios políticos, se enfrenta además a la realidad de una ciudad todavía desbordada, con miles de migrantes en la calle, brotes sanitarios y una tensión vecinal que ha derivado en episodios de violencia. La ronda de comparecencias, con la ministra de Migraciones, Elma Saiz, también en el Congreso, se produjo mientras Pedro Sánchez presidía en Moncloa el comité especializado sobre Ceuta con once de sus ministros, en una jornada con la que el Gobierno busca proyectar control sobre una crisis que, casi un mes después, sigue sin encauzar.
