El Gobierno de coalición ha vuelto a recurrir a la vía del acuerdo parcial para sacar adelante una de sus medidas estrella. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sellado este jueves con los sindicatos UGT y CC.OO. una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% para 2026, lo que sitúa la cuantía en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. El pacto, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, nace marcado por el rechazo frontal de la CEOE y una evidente descoordinación interna en el seno del Ejecutivo que ha dejado al descubierto las costuras del diálogo social.
La jornada ha estado protagonizada por el desplante de la patronal, que ha calificado de trilerismo político la última oferta del Gobierno. El conflicto reside en una compleja deducción en el Impuesto de Sociedades diseñada por el Ministerio de Hacienda para compensar a las empresas por el alza salarial. Esta medida, filtrada a la prensa antes de ser presentada en la mesa de negociación, ha sido desautorizada por el propio Ministerio de Trabajo, que se ha desmarcado de la propuesta de María Jesús Montero. Los empresarios consideran que los requisitos para acceder a dicho incentivo son inalcanzables y denuncian que la falta de unidad en el Gabinete convierte la negociación en un sainete jurídico.
Más allá de la cuantía, el malestar de la CEOE se centra en las formas y en la letra pequeña del preacuerdo. Trabajo y los sindicatos han pactado modificar el Estatuto de los Trabajadores para blindar el incremento, impidiendo que las empresas puedan compensar o absorber el alza del SMI con otros complementos salariales. Para la patronal, este movimiento supone un ataque directo a la autonomía de la negociación colectiva y advierte de que la asfixia financiera obligará a muchas pequeñas y medianas empresas a reducir plantillas ante la imposibilidad de repercutir los costes en los contratos públicos, cuya actualización también ha sido vetada por el ala socialista del Gobierno.
De esta manera, Yolanda Díaz logra su objetivo político de elevar el suelo salarial por encima del 60% del salario medio, pero lo hace al precio de quebrar la paz social con los empresarios. El nuevo SMI de 1.221 euros, que estará exento de tributación en el IRPF para evitar que Hacienda absorba la mejora, beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores. Sin embargo, la brecha abierta entre los ministerios de Trabajo y Hacienda, sumada a la indignación de una patronal que se siente ninguneada, augura una legislatura de alta tensión en la que el consenso tripartito parece haberse convertido en una reliquia del pasado.
