Ha sido presentada una denuncia ante el juzgado de guardia de Arona por los presuntos delitos de coacciones y tentativa de allanamiento de morada, denuncia interpuesta contra la Policía Nacional por el representante legal de una asociación de usuarios de cannabis, que reprueba la actuación llevada a cabo el pasado 8 de septiembre, en el Centro Comercial Verónicas, y el comportamiento enquistado en el tiempo por parte de la Policía Nacional de Playa de las Américas.
La denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, describe cómo de forma continuada y reiterada sufren hostigamiento por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto por la Policía Nacional de Playa de las Américas, con entradas en los locales sin consentimiento y sin orden judicial para ello, lo que supone una actuación desprotegida por la ley, como lo son las entradas y registros sin seguir el procedimiento legal.
Estos hechos han sido recogidos por las cámaras de seguridad que existen en el centro comercial, que han sido puestas a disposición del juez instructor y en concreto las grabaciones de los hechos ocurridos el 8 de septiembre donde se aprecia la actuación de la Policía, cómo llevan a cabo el operativo e intentan entrar al local privado usando la fuerza.
Incluso en uno de los intentos fallidos de entrada se puede observar cómo se arrolla a una usuaria, sin importarles lo más mínimo las consecuencias. Esta actuación se presume inasumible e impropia, no solo de un agente de la autoridad, sino también de un Estado de Derecho.
Por esto, la Subdelegación del Gobierno tendrá que dar explicaciones de quién es el mando policial que permite estos comportamientos impropios de un país civilizado y que se asemejan más a los viejos filmes del cine negro americano
Por ahora le toca investigar al juez instructor sobre estos presuntos actos delictivos.
Consultados a los usuarios y responsables de los clubes cannábicos, manifiestan que llegarán hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y que no van a tolerar esos comportamientos de hostigamiento y persecución continua, por lo que han decidido iniciar cuantas acciones legales correspondan y así evitar las arbitrariedades de los cuerpos de seguridad, los cuales deben ser escrupulosos en el cumplimiento de la ley, cuestión por otro lado en la que siempre han colaborado los clubes.
Fuentes consultadas por El Burgado.com manifiestan que se han llevado a cabo entradas y registros, sin autorización judicial y sin consentimiento del titular, y que, en algunos casos, incluso habrían producido daños materiales significativos en las instalaciones, así como la incautación de equipos y documentación privada.
Los registros llevados a cabo por las autoridades no siempre han contado con la debida orden judicial, un requisito fundamental según el artículo 18.2 de la Constitución Española, que protege el derecho a la inviolabilidad del domicilio, extensible a locales de asociaciones privadas.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que cualquier entrada y registro deben estar autorizados por un juez, a menos que se produzca una situación de flagrante delito. Los representantes de los clubes aseguran que estas circunstancias no se han dado en la gran mayoría de casos, lo que, a su entender, convierte estas actuaciones en abusos de poder y en una vulneración de sus derechos fundamentales.
Los afectados consideran un trato desproporcionado por parte de los agentes durante las inspecciones. Según afirman, los socios y empleados de las asociaciones han sido sometidos a registros personales y han visto vulnerada su privacidad, sin que existieran razones claras o justificadas para estas actuaciones. Aseguran que la forma en la que se han llevado a cabo estas intervenciones han generado un clima de miedo e incertidumbre entre los miembros de las asociaciones, afectando tanto a su reputación como a su operativa diaria.
Desde el punto de vista jurídico, las asociaciones cannábicas se acogen a la legalidad vigente en España, que, aunque no cuenta con una regulación específica para los clubes de cannabis, permite su funcionamiento bajo determinados parámetros, como el autoconsumo compartido en espacios privados y la no publicidad de sus actividades.
En respuesta a estos incidentes, los clubes han decidido pasar a la acción y defender sus derechos, emprendiendo acciones legales como ya ha ocurrido con la denuncia presentada en el juzgado de guardia de Arona.
Es necesario, por otro lado, reavivar el debate sobre la necesidad de una regulación clara y específica en torno a los clubes de cannabis en España, una situación que ha generado diversas interpretaciones en los tribunales y que deja un vacío legal que perjudica tanto a las asociaciones, usuarios como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en ocasiones no saben ni conocen dónde está el límite de lo licito o lo ilícito.
Los representantes de los clubes insisten en la necesidad de un marco normativo que establezca los derechos y obligaciones de estas asociaciones.
