Casi 70.000 hectáreas de mar frente a la costa suroccidental de Tenerife forman la Zona Especial de Conservación Franja Marina Teno-Rasca, un espacio integrado en la Red Natura 2000 que la Unión Europea reconoce como uno de los de mayor relevancia biológica y geológica del archipiélago. Declarada ZEC en 2011, alberga una de las mayores poblaciones de cetáceos residentes de aguas europeas, hasta el punto de ser considerada el primer Lugar Patrimonio de las Ballenas de Europa y el tercero del mundo. Es, en buena medida, lo que explica que su nombre aparezca una y otra vez en las protestas que recorren la isla.
La paradoja que está en el origen del conflicto es sencilla de enunciar. La figura de protección ampara el espacio marino, pero no congela por sí misma lo que ocurre en la costa contigua. Cualquier obra cercana obliga a estudiar sus efectos sobre los hábitats y especies protegidos, aunque no queda automáticamente prohibida. En esa rendija se cuela la pugna: un litoral con fuerte presión urbanística junto a unas aguas de altísimo valor ecológico que esa misma presión amenaza de forma indirecta, por el aumento del tráfico de embarcaciones, los vertidos o la ocupación del frente costero.
Los colectivos que se movilizan cifran en dieciséis los proyectos turísticos, residenciales y de infraestructuras en desarrollo en la zona. El más emblemático es Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje: un macroproyecto de inversión belga, valorado en unos 350 millones de euros, que prevé levantar miles de camas turísticas y centenares de viviendas de lujo sobre un barranco y un núcleo costero hasta ahora al margen de la vorágine urbanizadora. A él se suman el parque temático submarino Underwater Gardens, en Punta Blanca, y el proyecto de puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, un macropuerto que, advierten los ecologistas, dispararía el tránsito de barcos sobre el santuario de cetáceos.
El pulso no es nuevo ni ha sido estéril para quienes lo libran. Cuna del Alma ha encadenado varias paralizaciones cautelares por la vía judicial, impulsadas por plataformas como Salvar el Puertito o el Tagoror Permanente de El Puertito de Adeje, que denuncian irregularidades en la tramitación del plan parcial y en la evaluación ambiental. Este mismo verano, la presión social logró frenar Underwater Gardens en Punta Blanca, un proyecto que los colectivos acusaban de disfrazar de “restauración” una atracción turística. Esas victorias parciales alimentan un movimiento que, lejos de desinflarse, suma cada vez más organizaciones.
Las demandas que se repiten en cada concentración apuntan más allá de cada obra concreta. Los convocantes —entre ellos Greenpeace, ATAN, Ben Magec-Ecologistas en Acción y una decena de plataformas locales— exigen una moratoria turística inmediata, la paralización de todos los proyectos que afectan a la ZEC y su entorno, y un compromiso público del Cabildo de Tenerife de no respaldar infraestructuras que, sostienen, maquillan de sostenibles. Reclaman también actualizar el plan de gestión del espacio con un estudio de sus límites y de la capacidad de carga del entorno, de modo que las evaluaciones de impacto dejen de analizar cada actuación de forma aislada, “como si las demás no existieran”.
Más allá de Teno-Rasca, la movilización conecta con un malestar de fondo que se ha extendido por Canarias en los últimos años, el de una población que percibe su territorio cada vez más saturado por un modelo turístico en expansión. Las pancartas en el mar y las concentraciones en tierra son la expresión visible de un debate que enfrenta dos visiones sobre el futuro de la costa suroccidental de Tenerife: la de quienes la ven como motor económico a través de nuevos complejos y la de quienes reclaman poner límites antes de que, en palabras de los colectivos, se agoten los últimos espacios vírgenes de un litoral singular en Europa.
