Tres horas estuvo ayer declarando en el juzgado número 1 de Violencia, Rayco García Cabrera, el mayor accionista del C.D. Tenerife, que sigue optando a presidir el Club, posiblemente tras la junta general de accionistas convocada para el día 20 de este mes de febrero.
Rayco García, denunciado por una mujer, nieta de un accionista principal del club, e investigado por presuntas coacciones en el ámbito de la violencia de género, tiene previsto asistir a la junta general y de mantener su candidatura a la presidencia del C.D. Tenerife, en sustitución de Paulino Rivero, que tiene previsto abandonar el Club el próximo mes de marzo.
Rivero es hoy un presidente más que nada simbólico, pues no posee poder accionarial alguno e incluso le han rebajado sustancialmente el sueldo que percibía con anterioridad.
La jueza del Juzgado de Violencia de Género número 1 de los de Santa Cruz, Emilia Salto Menéndez, no ha dictado medida cautelar alguna contra el directivo del C.D. Tenerife, que podrá hacer una vida absolutamente normal, viajar por España y por el extranjero, presidir el Tenerife, con la obligación de acudir al juzgado cuando sea citado, como la tiene cualquier ciudadano investigado en un proceso residente en España, siempre respetando la presunción de inocencia.
Tras tres horas de declaración ante la jueza, acompañado de su abogado, Rayco García regresó a sus actividades normales. El día 20 de febrero se sabrá oficialmente si su intención es seguir optando a la presidencia del Club, como tenía previsto.
Aunque el caso pueda dar que hablar en el futuro, dependiendo de las pruebas aportadas por las partes, y del eco que encuentre en los medios y en las redes, el caso parece desinflarse bastante, según puede apreciarse en el estado de la opinión pública a través de las propias redes sociales.
Otros socios mayoritarios del Tenerife, Amid Achí, Conrado Bacallado y Miguel Concepción tendrán que afrontar una demanda interpuesta ante un juzgado civil de Santa Cruz por otro accionista de referencia, José Miguel Garrido, demanda que aún no ha sido admitida a trámite por el órgano judicial, por una presunta violación del acuerdo de sindicación que estos accionistas mantenían.
También existe otra demanda pendiente porque, al parecer, uno de los accionistas sindicados vendió un paquete de acciones sin el permiso de los demás socios, lo cual estaba prohibido en el acuerdo de sindicación, sin que tengamos más datos de esta última acción, que se dirime en un juzgado de Tenerife.