Tras meses de bloqueo parlamentario, el PSOE y el PP han dado este jueves el paso decisivo para impulsar la reforma penal propuesta por Junts, destinada a endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos de hurto, estafa u otros delitos leves de forma reiterada. Las tres formaciones han pactado seis enmiendas transaccionales que modifican la proposición de ley original, lo que ha permitido que la iniciativa sea admitida en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso y se remita ahora al debate en comisión, con la vista puesta en su aprobación en pleno a principios de febrero.
La norma, registrada por Junts en 2024, había quedado paralizada durante más de un año a pesar de contar con el respaldo inicial de PSOE, PP, Vox, PNV y otras formaciones. El texto propone que delitos leves —por ejemplo el hurto de un teléfono móvil— puedan castigarse con penas de prisión de entre uno y tres años en caso de reincidencia, incluso si el valor sustraído es inferior a 400 euros, algo que actualmente no se penaliza de ese modo.
Además, la reforma aspira a redefinir el concepto de “reincidente”: ya no bastaría con tres sentencias leves firmes, sino que la persistencia en conductas delictivas, aunque sean de menor gravedad, se consideraría agravante. Junts y sus socios argumentan que la medida responde al aumento de hurtos y pequeños delitos que, reiterados, generan inseguridad ciudadana y sensación de impunidad.
El acuerdo ha generado reacciones divididas. Por un lado, partidos y formaciones conservadoras, así como grupos favorables al endurecimiento penal, han celebrado el paso adelante, afirmando que la ley responde a una demanda de la población por mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia.
Por otro, organizaciones y formaciones políticas de izquierdas —como Unidas Podemos, EH Bildu y otras— han expresado su rechazo, advirtiendo de que endurecer penas por hurtos leves puede criminalizar la pobreza, incentivar la judicialización social y no atacar las causas sociales de la delincuencia.
Con su reactivación, el proyecto entra ahora en su fase decisiva: la ponencia de la Comisión de Justicia debe elaborar el informe definitvo, antes de que la norma sea sometida a votación en pleno tras el parón de las fiestas navideñas —es decir, en febrero del próximo año. Si sale adelante, supondrá un endurecimiento del Código Penal y una redefinición del tratamiento jurídico de quienes reincidan en delitos menores.
