El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recurrido a una técnica tan antigua como la propia política: la herencia recibida. En una maratoniana comparecencia en el Senado de más de siete horas, el ministro ha admitido sin ambages que el servicio de Rodalies en Cataluña está «muy mal», reconociendo un deterioro que los usuarios sufren a diario. Sin embargo, en un ejercicio de equilibrismo dialéctico, Puente ha descargado la responsabilidad de este «vía crucis» ferroviario en el déficit de inversión de los gobiernos anteriores, obviando que su propio partido, el PSOE, lleva las riendas del país desde hace ya siete años.
La comparecencia, motivada por los recientes y graves accidentes ferroviarios en Gelida y Adamuz, ha servido para que el ministro despliegue una defensa basada en la «física y no en la ideología». Puente ha llegado a afirmar que todos los trenes que operan actualmente en la red catalana han sido licitados por gobiernos socialistas, tratando de proyectar una imagen de gestión proactiva frente al supuesto abandono del pasado. Para el ministro, existe hoy una «esperanza cierta y seria» de mejora gracias a un plan de inversión que alcanzará los 8.000 millones de euros en esta década, aunque ha reconocido con parquedad que, de momento, los fondos inyectados no son suficientes para revertir el caos con la rapidez que el ciudadano exige.
La oposición no ha tardado en señalar la contradicción de un discurso que fía la solución a un futuro siempre lejano mientras el presente se descarrila. Desde el Partido Popular se ha recordado que tras casi tres mil días de gestión socialista, culpar al pasado ya no es una explicación técnica, sino una excusa política. El senador popular Juan Batista Millán ha sido tajante al afirmar que la degradación de la red se debe a una «dejación de funciones» y ha vuelto a exigir una dimisión que Puente ha rechazado con su habitual tono punzante, asegurando que su cese se pide precisamente porque hace su trabajo «muy bien» y resulta molesto para sus rivales.
Más allá del ruido parlamentario y las cifras de ejecución presupuestaria —que según el Ministerio han pasado de un escaso 18% en la etapa anterior a un 77% en 2025—, la realidad a pie de andén sigue siendo de retrasos crónicos e infraestructuras al límite. El ministro ha advertido de que las incidencias continuarán al menos tres años más debido a las obras de renovación, una confesión que suena a condena para los miles de trabajadores que dependen del tren. La «esperanza cierta» de Puente choca frontalmente con la paciencia agotada de una sociedad que ve cómo, mientras los ministros se culpan unos a otros en los despachos, sus trenes siguen llegando tarde o, en el peor de los casos, no llegan.
