Más de 40.000 españoles enfrentan una grave incertidumbre financiera tras la quiebra de la aseguradora luxemburguesa FWU Life Insurance Lux S.A., que operaba en España a través de su sucursal y la comercializadora OVB Allfinanz. La compañía, declarada insolvente en julio de 2024 y liquidada oficialmente el 31 de enero de 2025 por el Tribunal de Distrito de Luxemburgo, dejó bloqueados los ahorros de miles de clientes que invirtieron en Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), productos presentados como seguros de vida pero que en realidad eran seguros Unit Linked, ligados a fondos de inversión de alto riesgo.
Los afectados creían que sus aportaciones, destinadas a complementar jubilaciones o financiar estudios, estaban seguras. “Me lo vendieron como una opción sin riesgos, pero nunca entendí que mi dinero estaba en fondos de inversión”, relató un afectado. Su caso refleja el de miles que, atraídos por promesas de rentabilidad garantizada, desconocían que asumían todo el riesgo de mercado.
La quiebra de FWU se desencadenó tras incumplir los requisitos de solvencia exigidos por la Autoridad de Supervisión de Luxemburgo (CAA), que ordenó la congelación de activos en agosto de 2024 y la suspensión de cobro de primas en enero de 2025. La liquidación, supervisada por el liquidador Yann Baden, no garantiza la recuperación total de los fondos, ya que depende de la venta de activos, un proceso que podría prolongarse años. Los despachos de abogados, como Ézaro Legal y Basilea Abogados, recomiendan demandar a OVB en España por comercialización indebida, alegando falta de transparencia sobre los riesgos y comisiones, que en algunos casos absorbían hasta el 60% de las aportaciones.
Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 25 de septiembre de 2024, que condenó a OVB a devolver las aportaciones de una clienta por información insuficiente, ha abierto una vía esperanzadora. “La sentencia demuestra que los comercializadores son responsables de informar claramente. Es una puerta para recuperar el capital y los intereses”. Sin embargo, OVB se desvincula de la quiebra de FWU, insistiendo en que solo actuó como intermediario y que ha colaborado con las autoridades luxemburguesas y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Mientras los afectados organizan demandas colectivas, la DGSFP ha habilitado un canal de información, y la CAA advierte sobre posibles estafas de terceros que ofrezcan gestionar reembolsos. Con el proceso de liquidación en marcha y un aluvión de demandas previsto, los 40.000 españoles atrapados por la quiebra de FWU enfrentan un camino largo y complejo para recuperar sus ahorros, en un caso que pone en entredicho la transparencia del sector financiero.
