Los principales sindicatos del sector ferroviario, encabezados por el sindicato de maquinistas Semaf, CC.OO. y UGT, han ratificado la convocatoria de huelga para este lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero. La decisión se mantiene tras el fracaso de las sucesivas rondas de negociación mantenidas durante esta semana con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que han concluido sin un acuerdo capaz de desactivar las movilizaciones. Los paros, que afectarán tanto a Renfe como a las operadoras privadas Iryo y Ouigo, se presentan como una medida de presión ante lo que los trabajadores consideran una degradación crítica de la seguridad en el sistema ferroviario español.
El origen del conflicto radica en los graves accidentes ocurridos el pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se saldaron con 47 víctimas mortales y han supuesto un punto de inflexión para el sector. Los sindicatos denuncian que se han rebajado los estándares de seguridad y que existe una falta de inversión estructural que pone en riesgo tanto a los empleados como a los usuarios. Entre sus reivindicaciones principales destacan la exigencia de más recursos para infraestructuras, el refuerzo de los protocolos de seguridad operativa y una coordinación efectiva entre Adif, Renfe y Protección Civil para evitar nuevos siniestros.
Ante la falta de consenso, el Ministerio de Transportes ha decretado unos servicios mínimos que oscilan entre el 73% y el 75% en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, y del 75% en las horas punta para los servicios de Cercanías. A pesar de estas medidas, la huelga ha obligado ya a la cancelación de más de 330 trenes en todo el país, generando importantes alteraciones en la movilidad nacional. Los sindicatos han calificado estos servicios mínimos de abusivos, argumentando que limitan el derecho de huelga en un momento en que la plantilla exige responsabilidades políticas y penales por la gestión de la red ferroviaria.
El ministro Óscar Puente ha defendido su voluntad negociadora, aunque por el momento las ofertas del Gobierno en materia de recursos humanos y mejoras técnicas no han sido suficientes para las centrales sindicales. Estas insisten en que no aceptarán parches temporales y que el paro de 72 horas es indispensable para visibilizar el malestar de un colectivo que se siente desprotegido. La atención se centra ahora en el Congreso de los Diputados, donde se espera que el Ejecutivo rinda cuentas la próxima semana sobre el estado de la seguridad ferroviaria tras los recientes accidentes mortales.
