El poder político comparte naturaleza con los gases: tiende a la expansión hasta ocupar la totalidad del espacio disponible. Sin un contenedor hermético, el gas asfixia. Sin límites precisos, el Estado oprime. Esta premisa física, aplicable a la ciencia económica, fundamenta la necesidad vital de restringir la acción del gobernante.
En 1748, el Barón de Montesquieu publicó El espíritu de las leyes. Su tesis no buscaba la eficiencia administrativa, sino la supervivencia de la libertad. Entendió que el hombre con autoridad tiende al abuso. Para evitar la tiranía, propuso una solución de ingeniería institucional: que «el poder frene al poder».
Imaginemos el Estado como una gran corporación con el monopolio de la violencia legítima. Si el Director Ejecutivo (Gobierno) redacta también los reglamentos (Legislativo) y decide quién cumple dichas normas (Judicial), nos hallamos ante una estructura de integración vertical absoluta. En economía, esto se llama monopolio; en política, tiranía.
La separación de poderes funciona como un sistema de compuertas en un canal fluvial. Si una compuerta falla, las otras contienen el caudal para evitar la inundación del pueblo.
Montesquieu diseñó un mercado de competencias donde tres poderes compiten entre sí con una fricción necesaria.
Al analizar la realidad española actual, la teoría de la separación de poderes de Montesquieu no solo colapsa, sino que se invierte. España padece una cartelización de las instituciones, donde la corrupción ya no es solo monetaria, sino sistémica e institucional.
El Poder Legislativo ha abdicado de su función de control. El Congreso de los Diputados ya no fiscaliza al Ejecutivo; funciona como una oficina de validación de Reales Decretos-leyes, abusando de una figura constitucional reservada para urgencias, para evitar el debate parlamentario.
La disciplina de voto ha convertido a los diputados en meros pulsadores de botón, pero el ejemplo más flagrante de la fusión de intereses es la Ley de Amnistía. Aquí, el Legislativo no legisló pensando en el bien común, sino que redactó una ley ad hoc dictada por los propios beneficiarios de la misma (los encausados del procés), sirviendo exclusivamente como moneda de cambio para la supervivencia del Ejecutivo. No hay separación de poderes; hay una simbiosis de supervivencia.
Sin embargo, la ofensiva más crítica se dirige contra el último bastión de la seguridad jurídica: el Poder Judicial. El gobierno actual no solo busca influir, sino colonizar. Esta estrategia de captura del regulador se evidencia en tres movimientos tácticos precisos:
La Fiscalía General del Estado: La transición directa de Dolores Delgado desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General materializó la célebre frase del presidente: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso». Se eliminó la apariencia de imparcialidad para asegurar una cadena de mando directa entre Moncloa y el Ministerio Público.
El Tribunal Constitucional: El nombramiento de figuras como Juan Carlos Campo (exministro de Justicia que firmó los indultos) y Laura Díez (ex alto cargo de Moncloa) como magistrados del Constitucional ejemplifica el «árbitro con la camiseta del equipo local». El objetivo es blindar legalmente la agenda política del gobierno ante cualquier recurso.
El Bloqueo del CGPJ: La parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es accidental; es una batalla por el control de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a los aforados (políticos).
El objetivo de todo esto es una impunidad preventiva para eliminar el riesgo ante la corrupción. Cuando estallan escándalos como el «Caso Koldo», que salpica al núcleo duro del Ministerio de Transportes y la compra de mascarillas durante la pandemia, o cuando se revisan las sentencias de los ERE de Andalucía, el poder político necesita asegurar que los cortafuegos funcionan.
España transita una senda peligrosa. Hemos olvidado que la democracia no consiste sólo en votar cada cuatro años, sino en el respeto sagrado a los límites del poder.
Hoy, Montesquieu observaría con horror nuestro edificio constitucional. Las vigas maestras ceden bajo el peso de un Ejecutivo hipertrofiado que no tolera frenos ni contrapesos. La separación de poderes ha devenido en una ficción, un decorado de cartón piedra para ocultar una realidad incómoda, el Leviatán ha roto sus cadenas.
Recuperar la libertad exige volver al origen: fragmentar el poder, fortalecer los controles y recordar que el Estado es un ente peligroso, no un amo benevolente.
