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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido personarse como parte perjudicada en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos vinculados a su actividad al frente de una cátedra de la institución.
Según un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la representación legal de la universidad solicita su personación “para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño”. La decisión fue adoptada tras la autorización del rector, Joaquín Goyache, quien también fue investigado en esta causa. El rector ha resuelto emprender acciones civiles “de reparación del daño presuntamente causado” a la institución, al considerar que los hechos investigados podrían haber supuesto un perjuicio económico y resultar lesivos para los intereses de la universidad.
Tanto la Fiscalía como las defensas han subrayado en distintos escritos que, hasta el momento, no se ha acreditado ningún daño económico concreto a la Complutense.
El juez Peinado citó este lunes a la universidad a la vista en la que se concretó la imputación de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, tras determinar que los hechos podrían ser enjuiciados por un jurado popular. En esta pieza principal, el magistrado investiga si Gómez favoreció a empresas vinculadas a Barrabés —adjudicatario de contratos públicos— y examina su papel en la cátedra que codirigía en la Complutense, incluido el patrocinio empresarial de un software asociado a dicha actividad.
El magistrado considera que la universidad debe ser reconocida como perjudicada en el posible delito de apropiación indebida relacionado con ese software.
Durante la última vista, la Fiscalía y las defensas solicitaron el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares pidieron la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un careo entre el rector Goyache y el exvicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio.
El juez investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida en esta rama principal del procedimiento. En una pieza separada, se analiza además una presunta malversación. Peinado considera que existen indicios suficientes para que ambos asuntos sean juzgados por un jurado popular.
La asesora de Gómez se defiende: “fue una mera mensajera”
Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, sostiene que su participación en los asuntos de la cátedra se limitó a labores administrativas. En un escrito presentado ante el juzgado, su abogado argumenta que la actuación de Álvarez fue “de mera mensajera” y “solo para cuestiones de trámite”, descartando cualquier implicación en tráfico de influencias.
El letrado ha solicitado el archivo de la causa principal y que se deje sin efecto su tramitación como procedimiento del tribunal del jurado, además de pedir que se impongan costas a la acusación popular que ejerce Hazte Oír por “temeridad y mala fe”.
El escrito cita los 121 correos electrónicos que Álvarez intercambió con el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio, y que fueron incorporados a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como parte de la investigación.
