La abogada de Koldo García Izaguirre, Leticia de la Hoz, ha solicitado formalmente la recusación de cinco de los siete magistrados que componen el tribunal encargado de juzgar la trama de las mascarillas. El movimiento de la defensa se ha producido este jueves, coincidiendo con la primera jornada en la que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor se han sentado en el banquillo del Tribunal Supremo para responder por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.
La letrada sostiene que los magistrados señalados no pueden garantizar la imparcialidad necesaria para dictar sentencia al haber formado parte de la Sala de Admisión que, en noviembre de 2024, decidió abrir la causa penal contra el exministro. La recusación afecta directamente al presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y a los jueces Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo Porres. Según el escrito de la defensa, su participación previa en la fase de instrucción contamina su criterio y vulnera el derecho de los acusados a un tribunal que no haya tenido contacto previo con los indicios del caso.
Este incidente procesal obliga a paralizar el avance de las sesiones hasta que el propio Tribunal Supremo resuelva sobre la idoneidad de sus miembros. La abogada de la Hoz argumenta que es jurídicamente insostenible que más de la mitad del colegio judicial sea el mismo que valoró la solidez de las pruebas para sentar a Ábalos y García en el banquillo. Si la recusación prospera, el Alto Tribunal deberá nombrar a nuevos magistrados que no hayan intervenido en ninguna etapa anterior del proceso, lo que dilataría los plazos de un caso que afecta directamente al núcleo de la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria.
Por su parte, la Fiscalía y las acusaciones populares han manifestado su oposición inicial a este movimiento, al considerar que la labor de admisión es una cuestión puramente técnica que no predetermina el fallo final. El juicio del caso mascarillas, que ha despertado una enorme expectación mediática por la implicación de altos cargos socialistas, queda ahora a la espera de que se aclare la composición definitiva de la sala encargada de juzgar los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y malversación.
