La declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el instructor que ha designado el Tribunal Supremo para dirigir la causa contra él plantea un grave problema. Y como no existen precedentes de la investigación a un fiscal general del Estado en España, García Ortiz deberá dimitir o ser cesado.
Según fuentes jurídicas consultadas por El Burgado.com, en el procedimiento, naturalmente, interviene el Ministerio Fiscal. Y el fiscal que se designe tiene que interrogar a su superior jerárquico. Y, como consecuencia de esa dependencia jerárquica, no debería intervenir, debería abstenerse, porque tendría interés directo en la causa.
Así que el asunto plantea, por lo inédito, serias dudas de cómo se tiene que conducir este proceso penal por un presunto delito de revelación de secretos. Manos Limpias, el sindicato que apoya la denuncia, ha solicitado ya al Tribunal Supremo que destituya al fiscal general, si no lo hace el Gobierno. Y el Gobierno, por la cuenta que le trae a Sánchez, no lo va a hacer, porque podría arrastrar con él al propio presidente del Ejecutivo.
Todavía no se conocen cuáles son las primeras decisiones del magistrado instructor, designado por turno, Ángel Luis Hurtado, que también deberá interrogar a la fiscal-jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, investigada por el mismo asunto. En el caso de ésta no habrá problema, porque su interrogatorio, por parte del fiscal, lo hará un miembro de la carrera de superior rango que ella, no como en el caso de su jefe, que no tiene a nadie por encima.
En fin, un galimatías que las fuentes consultadas definen como “difícil, por lo inédito”.
Todo parece indicar que García Ortiz, que deberá declarar ante el instructor con su abogado presente, pondrá muchas dificultades para que el procedimiento no prospere, pero la justicia tiene que seguir adelante con la causa, al haber sido declarado por la Sala Segunda del alto tribunal como investigado por la comisión de un presunto delito.
Y la instrucción se debe completar, antes de elevarla o no a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá juzgar, en su caso, al todavía fiscal general.
