La Audiencia Nacional ha denegado la indemnización a Ahmed Tommouhi, un ciudadano marroquí que pasó 15 años en prisión tras ser confundido con un violador en la década de los 90. La decisión, publicada esta semana, ha generado controversia al considerar que no se trató de un «error judicial evidente», a pesar de que el Tribunal Supremo lo absolviera en 2023 tras un análisis de ADN que lo exculpaba.
Tommouhi fue condenado inicialmente por la Audiencia de Barcelona a 24 años y 22 días de prisión como autor de dos delitos de violación y dos faltas de lesiones, basándose en su parecido físico con el verdadero culpable. Permaneció encarcelado desde 1991 hasta 2006, cuando salió en libertad condicional. En 2023, el Tribunal Supremo estimó su recurso de revisión gracias a pruebas de semen halladas en la ropa de una de las víctimas, que demostraron que él no era el agresor. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha concluido ahora que no se cumplen los requisitos para otorgarle una compensación económica.
El tribunal argumenta que no se aprecia un «error judicial craso o evidente» y que la prisión provisional indebida ya fue compensada al calcularse con los años de condena. La sentencia, que consta de 15 páginas, dedica un solo párrafo a la demanda de indemnización, lo que ha sido criticado por expertos legales. Un catedrático de Derecho Administrativo calificó la decisión como «inaceptable», señalando que «es inadmisible asumir con naturalidad que este hombre haya estado años de su vida en la cárcel y no se le indemnice». Además, la Audiencia Nacional ha condenado a Tommouhi a pagar las costas del proceso, añadiendo una carga económica a su situación.
La abogada de Tommouhi ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, afirmando: «No se ha rendido él en 30 años, no me voy a rendir yo ahora». El caso ha reavivado el debate sobre la reparación de errores judiciales en España, especialmente en casos que involucran largas privaciones de libertad.
Este caso se suma a otros similares en España, donde se han identificado al menos 88 condenas erróneas en las últimas tres décadas, según un estudio de la Universidad de Salamanca. La dificultad para obtener indemnizaciones en casos de errores judiciales ha sido objeto de críticas y debates en el país.
Este fallo contrasta con las expectativas generadas tras la absolución de Tommouhi, quien ha luchado durante décadas por limpiar su nombre y obtener una reparación por el daño sufrido. Su caso pone en evidencia las dificultades del sistema judicial español para abordar errores del pasado y garantizar una compensación justa a las víctimas de fallos judiciales.
