El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado la apertura de diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. El escrito atribuye al titular de la cartera ministerial presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones en relación con el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 45 personas. No obstante, fuentes jurídicas subrayan que este movimiento es un paso de trámite obligatorio tras recibir una querella y no implica, en este momento procesal, una imputación formal ni el inicio de una investigación penal contra el ministro.
El magistrado ha dado traslado inmediato a la Fiscalía para que emita un informe sobre la competencia del tribunal en este caso. La cuestión de la competencia es el principal escollo jurídico de la denuncia, ya que Óscar Puente goza de la condición de aforado ante el Tribunal Supremo debido a su cargo en el Gobierno y su escaño en el Congreso. Por tanto, es previsible que la Audiencia Nacional decline la investigación en favor del Alto Tribunal si la Fiscalía apreciase indicios de responsabilidad. La denuncia sostiene que el siniestro no fue una fatalidad, sino el resultado de supuestas negligencias administrativas y una falta de supervisión en la seguridad de la infraestructura ferroviaria.
Mientras la Audiencia Nacional resuelve estas cuestiones jurisdiccionales, la investigación principal sobre las causas del descarrilamiento de los trenes de Iryo y Alvia sigue su curso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro. El tribunal cordobés ha sido reforzado recientemente para gestionar la complejidad de una causa que ya acumula numerosas personaciones de afectados y colectivos sociales. Hasta la fecha, los informes preliminares no han establecido una causa única para la colisión, aunque los investigadores trabajan sobre diversas hipótesis técnicas que incluyen fallos en el material rodante y el estado de la vía.
Por su parte, el ministro Óscar Puente se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia, asegurando que asumirá cualquier responsabilidad que se derive de su gestión si así se determina.
