La Asociación de Fiscales ha llevado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la política de nombramientos discrecionales en la Fiscalía General del Estado. La demanda, presentada este lunes, denuncia que las sentencias 6 y 7 de 2026 del Tribunal Constitucional consolidan un modelo de designación en el que la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad.
El recurso se dirige contra las resoluciones del Constitucional que anularon dos sentencias del Tribunal Supremo. El alto tribunal había rechazado el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala coordinador de menores, acordado por la entonces fiscal general Dolores Delgado. El TC, sin embargo, dio la razón a Esteban y anuló los fallos del Supremo por considerar que vulneraron su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a la función pública.
«El Tribunal Constitucional legitima un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede imponerse sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo», ha señalado la Asociación de Fiscales en un comunicado.
La presidenta de la Asociación, Cristina Dexeus, advirtió que «las sentencias del Tribunal Constitucional acogen un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía, en el que la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad». «Se rompe así un pilar esencial del Estado de Derecho, al sustituir los principios de mérito y capacidad por criterios de afinidad», añadió.
La demanda denuncia también una posible vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al haberse adoptado decisiones relevantes con la intervención de un magistrado cuya imparcialidad se encontraba comprometida.
La Asociación viene denunciando desde hace años que la política de nombramientos de cargos discrecionales en la carrera no está basada en acreditadas razones de mérito sino en preferencias ideológicas, de relación personal o de docilidad con la Fiscalía General.
La organización, mayoritaria en la carrera fiscal, sostiene que esta situación no sólo afecta al ámbito de la justicia, sino que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la función pública, al comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento a la legalidad.
