La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de absolver a Dani Alves de la condena por agresión sexual ha generado una ola de reacciones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Mientras algunos sectores defienden la resolución como un ejercicio de garantismo judicial, otros advierten sobre las implicaciones de la sentencia en la credibilidad de las víctimas y la confianza en el sistema judicial.
El fallo judicial se basa en lo que califica como “déficits valorativos” en la sentencia original, lo que ha llevado a anular la condena de cuatro años de cárcel para el exfutbolista. Según la resolución, la falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante y la insuficiencia probatoria justifican la revocación del veredicto. Esta decisión ha provocado un amplio espectro de reacciones, desde el respaldo al poder judicial hasta críticas por un posible sesgo de género en la interpretación de las pruebas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado su disconformidad con la decisión, aunque subrayó su respeto por la separación de poderes. Para Redondo, esta resolución podría enviar un mensaje desalentador a las mujeres que denuncian agresiones sexuales, recordando que la legislación vigente otorga valor al consentimiento y a la palabra de las víctimas. En la misma línea, la exministra Irene Montero calificó la absolución como un caso de “violencia institucional” y una muestra de “justicia patriarcal”, lo que, según ella, perpetúa la impunidad de los agresores.
Desde el otro lado del espectro, la viceportavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Concha Roig, ha defendido la sentencia y ha asegurado que no hay indicios de sesgo de género en la resolución. Roig enfatizó que el fallo aborda con detalle los argumentos de la acusación y que el Tribunal ha examinado todas las pruebas disponibles antes de llegar a su conclusión.
El debate también se ha trasladado al terreno político, con voces como la de Yolanda Díaz expresando preocupación por la posible revictimización de la denunciante. En un contexto donde las agresiones sexuales y la violencia de género son temas de alta sensibilidad, el impacto simbólico de esta decisión podría ser significativo. Desde sectores feministas se teme que esta absolución refuerce la idea de que el testimonio de las víctimas no es suficiente para obtener justicia, lo que podría desincentivar futuras denuncias.
Más allá de la dimensión jurídica del caso, lo sucedido con Alves reabre una discusión más amplia sobre cómo el sistema judicial maneja los delitos sexuales, la influencia de los medios de comunicación en los juicios públicos y la necesidad de garantizar tanto la presunción de inocencia como el derecho de las víctimas a ser escuchadas y creídas. En un país que ha avanzado en los últimos años en legislación sobre violencia de género, este caso plantea interrogantes sobre cuán efectivo es ese marco legal y cómo se interpreta en la práctica judicial.
