La Interpol ha detenido en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, al empresario vasco Alejandro Hamlyn, huido de la Justicia española desde 2025 y vinculado al conocido como caso Leire Díez. El arresto se produjo el pasado lunes en virtud de una petición de extradición cursada por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, después de que el empresario no compareciera en el juicio en el que su compañía, Hafesa, fue condenada a una multa de 152,4 millones de euros por delitos fiscales cometidos entre 2016 y 2019. A partir de ahora se iniciarán los trámites para su entrega a España, un procedimiento que, según fuentes próximas al caso, podría prolongarse varios meses.
El origen judicial de la detención está en un fraude millonario de hidrocarburos. La Audiencia Nacional condenó el pasado noviembre a la empresa Hafesa Energía y a catorce personas a penas de prisión por un fraude fiscal relacionado con el IVA de los hidrocarburos, que ascendió a unos 154 millones de euros y que se habría producido entre 2016 y 2019. Hamlyn no pudo ser juzgado entonces por encontrarse fugado, y su petición de extradición quedó pendiente de que se produjera su localización y arresto, que finalmente se ha materializado en Emiratos.
El nombre del empresario cobró relevancia pública, sin embargo, por otra vía. Hamlyn saltó a la primera línea tras difundirse los audios de una reunión por videoconferencia que mantuvo en febrero de 2025, desde Dubái, con la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE. En ese encuentro, en el que también participaron el empresario Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, le pidieron información sobre Antonio Balas, un mando de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha liderado algunas de las investigaciones que afectan al entorno del partido y del Gobierno.
Ese vínculo conecta la detención con una causa política de mayor calado. Leire Díez está siendo investigada en torno a una presunta trama que habría buscado boicotear procedimientos judiciales que afectaran al PSOE o al Ejecutivo, mediante la obtención de información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil, fiscales y jueces. La reunión con Hamlyn se enmarcaría en esos supuestos intentos de recabar «trapos sucios» de investigadores incómodos, lo que ha convertido al empresario en una pieza más de un caso que salpica al socialismo.
La figura de Hamlyn arrastra, además, otros frentes judiciales. Más allá del fraude de hidrocarburos, el empresario también estaba investigado en una causa relacionada con el tráfico de drogas que dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 1, una parte que el juez desgajó y remitió a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid por su relación con presuntos delitos de cohecho y narcotráfico. Conviene subrayar que se trata de investigaciones en curso y que tanto Hamlyn como el resto de personas mencionadas están amparados por la presunción de inocencia mientras no exista una condena firme. Su detención, en cualquier caso, reactiva un caso especialmente incómodo para el Gobierno, al reunir en un mismo nombre un gran fraude fiscal y la trama de la «fontanera» socialista, y abre ahora la incógnita de si el empresario acabará siendo entregado a España y de qué podría llegar a contar una vez ante la Justicia.
