La asociación Hazte Oír ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos. Según ha detallado la organización a través de un comunicado, la ofensiva jurídica se activará de forma inmediata en cuanto la medida aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo principal de esta acción legal es paralizar por completo el proceso de regularización antes de que comience a surtir efectos, al considerar que la iniciativa vulnera el ordenamiento jurídico vigente y carece de las garantías necesarias para la seguridad nacional.
La clave de la estrategia de Hazte Oír reside en la solicitud de medidas cautelarísimas ante el Alto Tribunal. La asociación pretende que la Sala de lo Contencioso-Administrativo suspenda la vigencia de la norma de manera urgente, argumentando que su ejecución podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Para que los magistrados accedan a esta petición, la organización deberá demostrar que permitir la regularización masiva mientras se resuelve el fondo del recurso generaría una situación irreversible, un criterio jurídico exigente que el Supremo solo aplica en casos de riesgo manifiesto para el interés público o ante la sospecha de una ilegalidad flagrante en la tramitación del texto.
En su nota de prensa, la asociación califica la propuesta del Gobierno como un ataque a la soberanía del Estado y a la gestión ordenada de las fronteras. Sostienen que este tipo de procesos extraordinarios actúan como un efecto llamada que desborda las capacidades de los servicios públicos y altera la convivencia. Con el registro de este recurso, Hazte Oír busca que el Poder Judicial intervenga en una de las medidas más polémicas de la legislatura, que ha generado un intenso debate entre los socios de Gobierno y la oposición parlamentaria sobre el modelo de integración y control migratorio en España.
Fuentes del Ministerio de Inclusión han defendido la legalidad y la necesidad de la regularización, insistiendo en que la medida responde a una realidad social y económica inapelable. Sin embargo, la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo abre un escenario de incertidumbre administrativa para miles de solicitantes que esperan el inicio del proceso.
