Un jurado de Dakota del Norte, Estados Unidos, dictaminó este miércoles 19 de marzo de 2025 que la organización ecologista Greenpeace debe pagar más de 650 millones de dólares a la empresa energética Energy Transfer, tras encontrarla culpable de difamación y otros cargos relacionados con las protestas contra el oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017. La decisión, tomada tras un juicio de cinco semanas en Mandan, representa un golpe financiero devastador para la ONG, que había advertido que una condena de esta magnitud podría llevarla a la quiebra en el país.
El caso se remonta a las manifestaciones lideradas por la tribu Standing Rock Sioux, que se oponían a la construcción del oleoducto por considerar que amenazaba sus fuentes de agua y sitios culturales sagrados. Energy Transfer, con sede en Dallas y valorada en cerca de 70,000 millones de dólares, acusó a Greenpeace de orquestar una campaña de desinformación que incitó actos vandálicos, retrasó la obra y dañó su reputación, ocasionándole pérdidas financieras significativas. La empresa alegó que la ONG pagó a manifestantes externos, proporcionó suministros y difundió afirmaciones falsas que afectaron sus relaciones con bancos y socios.
Greenpeace, por su parte, negó haber liderado las protestas, insistiendo en que su rol fue secundario y de apoyo a los indígenas, y calificó el juicio como un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la protesta pacífica. La organización anunció que apelará el veredicto, argumentando que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que el monto de la indemnización —superior a los 300 millones que inicialmente temían— busca silenciar a los movimientos ambientalistas. Expertos legales han advertido que este caso podría sentar un precedente preocupante para las libertades civiles en Estados Unidos.
La sentencia llega en un momento de tensión para Greenpeace, que también enfrenta una demanda anti-SLAPP contra Energy Transfer en Europa. Mientras tanto, la empresa celebró el fallo como una victoria para las comunidades afectadas por las protestas y reafirmó su posición de que no se trata de coartar derechos, sino de hacer cumplir la ley. Este enfrentamiento judicial subraya las crecientes fricciones entre la industria energética y los activistas climáticos, dejando abierta la pregunta sobre el futuro de la lucha ambiental en un contexto legal cada vez más hostil.
