El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con Podemos para poner en marcha un proceso de regularización extraordinaria que afectará a más de 500.000 personas en situación irregular. La formación liderada por Ione Belarra ha anunciado este lunes que la medida se aprobará este mismo martes mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. El pacto establece que podrán beneficiarse todos aquellos extranjeros que acrediten su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que carezcan de antecedentes penales relevantes, marcando el 30 de junio de 2026 como fecha límite para completar los trámites.
Esta iniciativa responde a una demanda histórica de los movimientos sociales y de la propia formación morada, que ha presionado al ala socialista del Ejecutivo para sacar adelante esta medida por la vía de urgencia. Según los términos acordados, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de residencia efectiva en el país, utilizando para ello certificados de empadronamiento, informes médicos o facturas de suministros. La admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un periodo de un año y paralizará cualquier orden de expulsión vigente, proporcionando un marco de seguridad jurídica inmediata a miles de familias.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la medida de cortina de humo, sugiriendo que el Gobierno intenta desviar la atención del caos ferroviario y las recientes tragedias de Adamuz y Gelida. Desde el Partido Popular y Vox se critica lo que consideran un efecto llamada irresponsable, argumentando que una regularización masiva de esta magnitud tensionará los servicios públicos y la cohesión social. Por el contrario, Belarra ha defendido que se trata de un acto de justicia y dignidad para que nadie en España trabaje sin derechos ni viva en la sombra de la ilegalidad.
El Ejecutivo español se sitúa a contracorriente de la tendencia europea, donde la mayoría de los Estados miembros están endureciendo sus políticas de extranjería. Sin embargo, para los socios de coalición y apoyo parlamentario, este paso es indispensable para combatir la economía sumergida y garantizar la integración real de medio millón de personas que ya contribuyen al día a día del país. La aprobación del decreto este martes pondrá fin a meses de negociaciones discretas y abrirá una ventana de seis meses para que la administración gestione una de las mayores regularizaciones de la democracia española.
