La octava jornada del juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha deparado este pasado miércoles uno de los momentos más políticamente explosivos del proceso: el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, ha reconocido ante la Sala que José Luis Ábalos, en su etapa como secretario de Organización del partido, se autorizaba a sí mismo sus propios gastos y los de todo su equipo dentro de Ferraz. Una confesión que ha avivado las dudas sobre el sistema de control interno del partido socialista en esos años.
El exgerente ha reconocido a preguntas de la acusación popular que Ábalos se autorizaba «a sí mismo sus gastos y todos los generados por la secretaría de Organización», si bien ello ocurría también en otros departamentos. El testigo ha explicado que, pese a ello, existían normas internas que obligaban a adjuntar recibos y tickets, y a obtener la autorización de la gerencia para el visto bueno final.
También ha salido a relucir el cambio de política de gastos que se produjo en plena pandemia. Moreno reconoció que en 2020 cambiaron parte de la política de gastos del partido, al proponer una limitación de pagos en efectivo aprobada en septiembre de ese año: cualquier pago en metálico tenía que tener un límite de 1.000 euros. Antes de esa fecha, los controles eran notablemente más laxos, algo que el juicio ha puesto en evidencia en varias jornadas anteriores.
La otra gran protagonista de la mañana ha sido Celia Rodríguez, trabajadora del PSOE que fue la encargada de entregar físicamente los sobres con dinero en efectivo a Koldo García y, en ocasiones, a su entonces esposa. La secretaria relató que Koldo le entregaba un sobre con los tickets, indicando cuáles eran los de Ábalos y cuáles los de la Secretaría de Organización, y ella se limitaba a sumarlos y bajarlos a administración para que le abonaran el importe. Entonces se lo devolvía «normalmente a Koldo o al señor Ábalos», y a veces avisaba para recogerlo a la esposa del primero.
La jornada también ha contado con la comparecencia de Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero. El colaborador admitió que trasladó a la Agencia Tributaria, seguramente a través de un funcionario de Hacienda, el aplazamiento de deuda sobre el que se había interesado el comisionista Víctor de Aldama. Esta declaración conecta directamente las gestiones de Aldama con el Ministerio de Hacienda, un vínculo que la Fiscalía Anticorrupción considera relevante para demostrar la amplitud de la presunta red de influencias.
Igualmente ha declarado Ricardo Mar Ruipérez, exdirector de gabinete de Ábalos. A preguntas de la acusación popular, señaló que «Koldo era asesor de máxima confianza del ministro Ábalos», y al comisionista Víctor de Aldama le conoció cuando llegó al Ministerio como representante del Estado de Guajaca en España.
La jornada también incluyó el testimonio de Pedro Saura, ex secretario de Estado de Infraestructuras, y de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, a quien interrogaron por los informes sobre las adjudicaciones de los contratos.
El cuadro que emerge de esta octava sesión dibuja un PSOE con controles internos deficientes en la gestión del efectivo —al menos hasta que se reforzaron en 2020— y un Ábalos que acumulaba en sus manos la capacidad de supervisar sus propios gastos dentro del partido. Unas circunstancias que la acusación popular ha explotado para reforzar su tesis sobre el origen del dinero en metálico que, según la UCO de la Guardia Civil, manejó el exministro durante ese período. El juicio continúa y aún quedan testigos por comparecer en las próximas semanas.
