“¿Álvaro, has sido tú?”, preguntó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, a su jefe, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sobre la filtración a la prensa de los correos entre el fiscal del caso y el abogado del novio de Ayuso, investigado por un delito tributario. “Eso ahora no importa”, contestó García Ortiz a su compañera. Y parece que el que calla otorga, al menos eso se decía en el Derecho Romano, que se estudia en primero de derecho en España.
El mundo de mentiras y de intrigas y de borrados telefónicos de García Ortiz se le desmorona y su comportamiento señala directamente a Pedro Sánchez, porque la Fiscalía ya saben que es “suya”, según sus propias palabras. Así que esta guerra entre fiscales, unos que son honestos y otros que parece que no lo son, primero pone en un brete a la carrera y al ejercicio profesional de los defensores públicos en España; y, segundo, demuestra que el Estado de Derecho sufre fracturas graves, cuando un fiscal general del Estado se entrega en cuerpo y alma no a su oficio, que es defender la legalidad, sino a todo un Gobierno y a un partido. Esto es lo que parece inaudito.
Esto no va solo por García Ortiz, por su subordinada en Madrid, Pilar Rodríguez, y por su mano derecha Diego Villafañe, fiscal igualmente e investigados los tres. Va también por el fiscal que ha cambiado sus criterios sobre la investigación tributaria al novio de Ayuso y por el roto que entre todos le están haciendo a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía en general.
Malos tiempos para la Fiscalía española, a quien pretenden entregarle la instrucción de los casos penales en el futuro, en vez de a los jueces de Instrucción, como ocurre hoy. Ni se les ocurra. Tal y como está la Fiscalía, tal como discurre la dependencia de la Fiscalía General del Estado del Gobierno, esta medida pondría a instruir los casos al propio presidente del Ejecutivo. Con un resultado bochornoso.
Algo parecido ocurre con el Tribunal Constitucional, que hoy ejerce como tribunal de casación de los casos que afectan al Gobierno y a sus adláteres, para fallarlos a su favor. No hace falta sino acudir a dos ejemplos, flagrantes: los ERE y la amnistía a los independentistas catalanes. Oiga, esto no puede ser. Hasta un niño de cinco años reprobaría unas conductas similares.
García Ortiz está muy tocado, pero dentro de unos días presidirá un acto con el rey. Y no tiene la vergüenza de dimitir. Y el mundo se le está cayendo encima –a él y a su jefe, Sánchez— y parece que no se enteran. Y hay fiscales honestos, como Almudena Lastra, que dicen la verdad, que no se amedrentan. “Eso no importa ahora”, le dijo el jefe a su compañera. Pues, sí; pues sí que importa.
Y, mientras, Pedro Sánchez ordena a los suyos que arremetan contra los jueces y que aprovechen las ruedas de prensa de los consejos de ministros para que sólo pregunten periodistas afines y que los tres que se sientan en la mesa defiendan a los que presuntamente delinquen, con uñas y dientes y ¡condenando a los jueces! Esta España es cada vez más inaudita.
A lo mejor el Gobierno y la Fiscalía deberían reflexionar sobre sus dependencias extrañas. Y sobre lo que es la vergüenza.
